(AMI) El acéfalo régimen del sexenio en curso insiste en su embestida antisindical, ahora contra las y los sobrecargos de aviación, la legitimidad de cuya titular pone en duda para negarle el derecho de huelga; so pretexto de reserva niega al poder legislativo la información requerida para analizar la viabilidad de la controversia constitucional contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza; renuncia el PRI a aumentar tarifas de gasolinas e IVA; por unanimidad los regidores del municipio de Ciudad Juárez fijan para el 15 de diciembre el final de la ocupación militar que tantos agravios ha infligido a la ciudadanía; persiste Conagua en su exhibición de incuria integral y la triste calidad de pistolero del régimen que le ha sido asignada, y la solidaridad con el SME crece a la escala nacional del mapa de la República

El 24 de octubre el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Frayba, de Chiapas, recibió información de la Organización Campesina Emiliano Zapata Región Carranza , OCEZ-RC, de la detención de dos de sus representantes. A 25 días de la detención de José Manuel Hernández Martínez, tienen lugar nuevas detenciones arbitrarias de Roselio de la Cruz González y José Manuel de la Torre Hernández

Los cuerpos policiacos entraron a los domicilios de los líderes campesinos intimidando a sus familias, sin identificarse, ni mostrar órdenes de aprehensión, cateando también la casa del Sr. Ricardo Magdaleno Velasco con la intención de detenerlo, al no encontrarlo amenazaron a su familia. Estos hechos sucedieron a las 2:06 a.m. y hasta el momento se desconoce el paradero de las personas detenidas.

Otra información proporcionada vía telefónica por la organización, denuncia que la Comunidad Laguna Verde está sitiada por cuerpos policíacos en estos momentos y entre los pobladores existe el temor que se realice un nuevo operativo de consecuencias imprevisibles, ya que se encuentran atemorizados por los hechos recientes. Integrantes de este Centro acudieron a documentar esta denuncia y seguiremos informando a la opinión pública ante estos hechos de gravedad.

El Frayba se solidariza al llamado que hace la OCEZ Región Carranza a los organismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos, a las organizaciones solidarias y civiles a que estén atentos y se sumen a las diversas acciones que posteriormente se tomarán para hacer respetar la lucha social en Chiapas, así como de su llamado a los embajadores para que sus gobiernos hagan una recomendación al Estado Mexicano, para que detenga las violaciones a los derechos humanos y se respete a las organizaciones sociales y sus legítimas demandas, entre ellas la libertad inmediata de los detenidos.

León Felipe Sánchez escribe por qué está contra el impuesto de tres por ciento a internet; el creador de la iniciativa de ley para proteger los derechos de los internautas propone siete acciones, dice el boletín difundido por Cencos:

1. Ampliar la base de contribuyentes; 2. Impulsar el desarrollo y uso de las telecomunicaciones en todos los sectores de la población para aumentar la derrama económica y en consecuencia la recaudación vía los impuestos que ya existen; 3. En caso de aprobarse el impuesto, destinar ese mismo 3% al desarrollo de infraestructura pública que permita que los sectores menos favorecidos tengan acceso a las telecomunicaciones. Por ejemplo, crear redes municipales de Internet de libre acceso. De esta forma se cumple con uno de los objetivos principales de todo impuesto: la redistribución de la riqueza; 4. Además de licitar 2 hilos de los 32 de fibra óptica que tiene la CFE, permitir que la propia CFE entre al mercado de prestación de servicios de telecomunicaciones para fomentar la competencia en el sector, incrementar la calidad de los servicios y abaratar los costos para el usuario final. 5. Impulsar el uso de versiones digitales de los libros de texto gratuito en los sectores más favorecidos de la población y utilizar los recursos que se ahorren en impresión y distribución de ejemplares para sustituir el impuesto al 3% en telecomunicaciones. 6. Al igual que en Brasil, adoptar el uso de software libre en el gobierno como una política de Estado y destinar los recursos que se ahorren por el pago de licencias de uso al fomento de una industria desarrolladora de software libre mexicana, incrementando la recaudación vía el crecimiento de la actividad económica. 7. Independientemente de que se apruebe o no el impuesto del 3% a las telecomunicaciones, impulsar la aprobación de la Ley Federal para la Protección de los Derechos de los Usuarios de Internet a fin de obligar a los prestadores de servicios del sector a proporcionar servicios de alta calidad y garantizar derechos básicos para los usuarios de Internet en México.

León Felipe Sánchez es vicepresidente de Asuntos Jurídicos de la Asociación Mexicana Empresarial de Software Libre y socio de Fulton y Fulton Abogados. Su dirección en Twitter es @lion05