• Después de 15 años se toma la decisión de extinguirla
• Termina una época turbia de encubrimiento y temor

José Luis Uribe

Finalmente, 15 años después de que Luz y Fuerza del Centro (en liquidación), fuera decretada en quiebra definitiva por parte de la Corte de Ontario, se tomó la decisión de extinguirla, con lo que se pone punto final a una época turbia, de encubrimiento, corrupción, complicidades y temor hacia uno de los sindicatos más aguerridos e intransigentes de nuestro país, el Mexicano de Electricistas (SME).

Como se recordará, a inicios de la década de los noventas lo que quedaba de Compañía de Luz y Fuerza del Centro en liquidación, fue decretada en quiebra definitiva por la Corte de Ontario. Cabe destacar que durante la nacionalización del sector en 1960, los accionistas canadienses que habían invertido en LyFC, no aparecieron a reclamar sus derechos, por lo que quedó en suspenso su extinción e integración como un sector más de Comisión Federal de Electricidad.

Con la determinación de la Corte de Ontario de ordenar la quiebra definitiva, había dos alternativas o extinguir a Luz y Fuerza del Centro en liquidación o seguir sosteniendo la empresa que significaba grandes pérdidas para el país; fue en ese momento, cuando el presidente en turno, Carlos Salinas de Gortari, tuvo en sus manos la histórica oportunidad de desaparecer a Lyfc y adicionarla a CFE, organismo creado para asumir la responsabilidad del gobierno en la generación y distribución de energía eléctrica en todo el país, una vez consumada la nacionalización de dicho sector.

Sin embargo, todo indica que Salinas de Gortari pagó la factura al SME, por haber apoyado su candidatura hacía la Presidencia de la República, caso contrario fue con el Sindicato Petrolero, al cual “descabezo” al meter a la cárcel a su líder Joaquín Hernández Galicia (la Quina), por haberlo desafiado y quitarle el apoyo del gremio en sus aspiraciones presidenciales.

Salinas de Gortari, benefició con creces, el nueve de febrero de 1994 al SME al autorizar la creación de un nuevo organismo descentralizado (LyFC), con base en la infraestructura de una empresa históricamente deficitaria y amplió canonjías hacia los sindicalistas.

Para nadie era secreto la baja productividad de del Luz y Fuerza, lo que redundaba en una perdida multimillonaria anual. Además no se puede soslayar que esa empresa siempre fue una revendedora de energía, puesto que del total de electricidad que facturaba, más del 90 por ciento era entregada por CFE para su comercialización.

En comparación a los trabajadores de CFE, afiliados al Suterm, que a instancias de Leonardo Rodríguez Alcaine, su líder, establecieron un Convenio de Productividad con CFE a mediados de los noventas que repercutió en importante incremento de los estándares de productividad en todas las áreas de CFE (Generación, Transmisión y Distribución etc.), en LyFC nunca se busco superar sus bajos niveles de productividad.

Tras 15 años de hacer caso omiso de las fuertes pérdidas de la empresa y de evidente encubrimiento hacia el organismo sindical, en el presente año fue claro que el gobierno tenía en la mira a LyFC y que estaba pendiente de cualquier motivo que condujera a desaparecerla. Y que mejor momento, cuando un controvertido proceso de elección interna del SME, le dio argumentos para, primero negar la Toma de Nota, y posteriormente decretar la extinción de la compañía.

Según datos oficiales: aunado a un pasivo laboral creciente que impedía la modernización de líneas de trasmisión, transformadores y subestaciones que en su mayoría tienen antigüedad cercana a los 30 años, Luz y Fuerza del Centro enfrentaba pérdidas anuales por 18 mil millones de pesos por alteración de medidores y conexiones clandestinas, muchas de ellas realizadas por los propios trabajadores del SME a cambio de una “compensación”.

Estimaciones de la Secretaría de Energía calculan que alrededor de 300 mil personas de la Zona Metropolitana del Valle de México están conectadas a la red mediante “diablitos” que ocasionan altibajos en el suministro, apagones y accidentes mortales de personas con falta de pericia para manejar las redes de alta tensión.

La dependencia señala que las pérdidas anuales por robo de electricidad, particularmente en el DF y los estados de México, Puebla, Hidalgo y Morelos, representa tres veces el presupuesto de inversión de LFC, calculado para este año en seis mil millones de pesos.

El Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO), por su parte, considera que en los últimos ocho años la productividad de trabajadores de LFC cayó 12 por ciento al pasar de 852 megawatts-hora a 751, no obstante los exorbitantes aumentos salariales y prestaciones económicas que en ese lapso significaron transferencias por aproximadamente 300 mil millones de pesos.

Asegura el IMCO, que comparada con empresas de otras naciones, la productividad de los trabajadores de Luz y Fuerza es altamente decepcionante si se considera que en Francia es de cuatro mil 900 mwh, en España de seis mil 900 y en Australia de ocho mil 950 mwh donde, además, el tiempo promedio de conexión es de un día, a diferencia del servicio de LFC que para abrir una nueva línea demora 5.9 días.

Sus similares de CFE, dice el instituto, sin ser ejemplo de estándar internacional, producen dos mil 494 mwh con un nivel de pérdida de energía eléctrica de sólo 10.8 por ciento, frente a 33.4 por ciento de la plantilla laboral de LFC.

Añade el IMCO, que el tiempo promedio de interrupción por caída de cables o inestabilidad en el voltaje para la zona metropolitana atendida por el SME es de 115 minutos, en contra los 35 minutos que reporta la CFE encargada del suministro a 26.3 millones de usuarios.

Asimismo, especialistas en la materia aseguran que con un pasivo equivalente a 23 veces su valor como empresa y un nivel de productividad por trabajador de los más bajos y onerosos del orbe, lo que le significa un déficit anual superior a los 42 mil millones de pesos, LFC enfrentaba los excesos de un contrato laboral obeso que aguerridamente defiende un sindicato arcaico y abusivo conocido como La casta divina, más interesado en ampliar sus prerrogativas económicas que en proporcionar un servicio eficiente y competitivo.

Aseguran que los afiliados al SME son los trabajadores del sector eléctrico mundial mejor pagados y con las mayores prestaciones económicas, pero también los de menor productividad por kilowatt-hora, situación que obligaba a mantener un esquema de tarifas indexadas y a transferir a la paraestatal millonarios subsidios federales que le permitían cubrir la monumental nómina de la maraña burocrática.

Para el Centro de Investigación, Análisis y Desarrollo de Propuestas de Políticas Públicas (CIDAC), la liquidación de la paraestatal era lo más sano para las finanzas públicas del país en momentos en que se requiere de empresas de comprobada eficiencia y productividad que contribuyan al desarrollo nacional.

En su análisis expone que al cierre de 2008, el pasivo laboral de la empresa rebasaba los 88 mil millones de pesos contra los 96 mil millones de pesos de los activos fijos (plantas, instalaciones y equipo), haciendo de LFC una empresa claramente insolvente y con mínimos niveles de productividad, lo que encarecia innecesariamente el suministro de energía eléctrica.

El CIDAC destaca que ejemplo del elevado costo en la energía que suministraba LFC por lo gravoso de su contrato laboral, era el déficit en las tarifas que alcanzaba 57 por ciento en promedio, contra 34 por ciento de la CFE, compañía que además es la encargada de generar la electricidad. Esto significa que CFE comercializa el kilowatt-hora a 1.18 pesos, mientras que Luz y Fuerza lo facturaba en 1.41 pesos para hacer frente a sus obligaciones laborales contractuales.

Por si lo anterior no fuera suficiente, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) señala que LFC encabezaba la lista de las paraestatales con más denuncias por deficiencias en el servicio, cobros indebidos y mal trato a los usuarios al momento de aclaración o reclamo en sus sucursales. Al cierre del primer semestre del año tenía acumuladas mil 200 denuncias.

El salario promedio base de un trabajador del SME, sin incluir las múltiples prerrogativas económicas, era de 425 pesos diarios, frente a los 198 pesos promedio de cotización al IMSS de cualquier trabajador de empresa o giro industrial.

Una vez determinada la extinción del organismo descentralizado, el Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, señaló que el cierre de la Luz y Fuerza del Centro fue una medida “estrictamente apegada a derecho” conforme a lo dispuesto por los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales

La empresa se creó por un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 1994, por lo que su extinción se llevó a cabo mediante ese mismo instrumento.

Gómez Mont afirmó además que la Auditoria Superior de la Federación estaba consciente de la problemática de LFC, tanto que emitió una recomendación que señalaba la conveniencia de realizar un análisis con miras a su liquidación.

Por su parte, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, aseguró que la eliminación de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) provocará ahorros en el Presupuesto de Egresos de 2010, con lo cual se podrá presentar reasignaciones o una reducción en el planteamiento de nuevos impuestos.

A su vez, el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, Felipe de Jesús Cantú, informó que los 45 mil millones de pesos programados en el 2010 para LyFC serán modificados contra el planteamiento original.

“Tiene que garantizarse el cumplimiento de las obligaciones que en materia laboral tiene ahora en liquidación la empresa y, por otro lado, la garantía de prestar el servicio de energía eléctrica en esta región del país que tiene una muy alta producción del PIB y supera los 32 puntos porcentuales”, expuso el legislador panista.

“Hay la posibilidad de que buena parte de los trabajadores que hoy estén en Luz y Fuerza del Centro sean recontratados por la CFE, en un cálculo que hace la comisión, podrían ser aproximadamente 10 mil personas”, expuso.

Por otro lado, el Gobierno se comprometió a que aún con la liquidación seguiría pagando las pensiones de los jubilados actuales y para 2010 costarán 9 mil 737 millones de pesos.

El Presidente Felipe Calderón emitió el decreto de liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC). El documento, publicado en el Diario Oficial de la Federación, advierte que la empresa será liquidada y que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) tomará bajo su cargo los bienes de la misma, con la finalidad de que se siga otorgando el servicio de público de energía eléctrica en el Centro del País.

“La comprobada ineficiencia operativa y financiera del organismo descentralizado en cuestión, permite llegar a la conclusión de que, siguiendo el principio de ejercicio eficiente del gasto público, Luz y Fuerza del Centro debe extinguirse; debido a que su funcionamiento ya no resulta conveniente desde el punto de vista de la economía nacional y del interés público por las razones que ya se han manifestado”, indica.

A pesar de la extinción, el organismo conservará su personalidad jurídica exclusivamente para el proceso de liquidación, a efecto de que se cumplan las obligaciones a cargo del organismo frente a terceros.

El artículo cuarto del decreto establece que se respetarán los derechos laborales de los trabajadores y las indemnizaciones correspondientes se harán conforme a lo dispuesto por el Contrato Colectivo de Trabajo, la Ley Federal del Trabajo.

“Las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía y del Trabajo y Previsión Social se coordinarán en el ámbito de sus respectivas competencias con el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, a efecto de que las indemnizaciones señaladas en el párrafo anterior sean pagadas en el menor tiempo posible, conforme a las disposiciones aplicables”, señala.

Para justificar la liquidación, el Ejecutivo explica en el decreto que además de ineficiente, la Compañía resultaba muy cara. El organismo no ha cesado de recibir transferencias presupuestarias cuantiosas, las cuales lejos de disminuir se han visto incrementadas en los últimos años.

“Basta señalar que del 2001 al 2008, tales transferencias se incrementaron en más de 200 por ciento y que para el presente ejercicio dichas transferencias serán el orden de 41 mil 945 millones de pesos.

“De continuar el mismo comportamiento, se estima que podrían alcanzar un total de 300 mil millones de pesos durante la presente administración”, se indica.

De acuerdo con el titular del Ejecutivo, los costos de Luz y Fuerza del Centro casi duplican a sus ingresos por ventas, ya que entre 2003 y 2008 registró ingresos por ventas de 235 mil 738 millones de pesos, mientras que sus costos fueron de 433 mil 290 millones de pesos, lo que incluye la energía comprada a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En los considerandos, el Presidente también describe la ineficiencia de la empresa que –asegura— reporta resultados notablemente inferiores respecto de otros organismos que prestan el mismo servicio a nivel internacional o de la propia CFE, por ejemplo, el porcentaje de pérdidas totales de energía de CLyFC es excesivo y superior en casi tres veces al que presenta la Comisión Federal de Electricidad.

Martín Esparza, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que en principio asegura que la acción del gobierno fue un golpe de Estado, adelantó que una de las acciones del gremio, luego del decreto que establece la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, será buscar diálogo con el Ejecutivo federal, el sindicalista dijo a los agremiados que el Gobierno federal debe respetar el contrato colectivo de trabajo y al propio sindicato.

El SME determinó que ninguno de sus trabajadores aceptara la indemnización que figura en el decreto publicado por el Gobierno federal, donde se establece la liquidación de LyFC. Los trabajadores de dicha institución propusieron un juicio político en contra del presidente Felipe Calderón, por el decreto que expidió para liquidar a la compañía de Luz y Fuerza del Centro.

Ante la presión desencadenada por el SME, a través de marchas y plantones, el gobierno decidió establecer una mesa de negociación, en la cual únicamente se trataría de ver que los derechos de los trabajadores fueran plenamente respetados, sin embargo el SME, trató a toda costa que en ella se diera marcha atrás en el decreto presidencial y en vista de no obtener resultados, de manera unilateral renunció a seguir en las negociaciones y como última medida convocó a un paro nacional para fines de octubre y principios de noviembre.

La realidad es que tras 15 largos años de evadir la responsabilidad de obligar a la empresa descentralizada a mejorar sus sistemas y por ende el servicio hacía millones de usuarios, el gobierno hizo uso del derecho que le corresponde y eliminó a un organismo ineficiente, que siempre estuvo bajo el cobijo de un sindicato desnacionalizado y con altos índices de corrupción.