(AMI) La fascista dictadura rumana es derribada por su abyecta sumisión al FMI y el BM, Cuba mantiene dentro de sus fronteras a Yoani Sánchez, la becaria de empresas mediáticas como Grupo Prisa y Time-Life, Obama manda 13 mil soldados más a Afganistán mientras su reforma al sistema de salud salta obstáculos, una jueza federal gringa reduce a 22 años de cárcel la condena a uno de cinco antiterroristas cubanos encarcelados en 1998, la persecución de la insurgencia vasca cobra diez nuevas víctimas de la monarquía española, Chávez nacionaliza los hoteles de Hilton en Venezuela, Nicolas Zarkozy, rechaza acusaciones de nepotismo, miles de habitantes del centro de México viven en tinieblas y el gobierno de Calderón, a quien la comunidad internacional exige respeto a los derechos humanos, niega que su gobierno secuestre a trabajadores electricistas para que reparen las fallas derivadas de la impericia de quienes están a cargo de las instalaciones secuestradas y, denuncia el sindicato, pretende imputar al gremio la realización de actos de sabotaje, para actuar judicialmente contra la dirigencia obrera.

También denuncian los activistas del Sindicato Mexicano de Electricistas la oferta de sobornos para financiar el esquirolaje y desmintieron el rumor de que había enviado un comunicado referido al asesinato de 21 trabajadores de la CFE encargados de operar las unidades de LFC y como es sabido, el martes se canceló la movilización del SME al Congreso porque el secretario del Trabajo, Javier Lozano, no acudió a San Lázaro, por lo cual los trabajadores de base tomaron por su cuenta la movilización y mantuvieron una amplia jornada de actividad en la zona centro del país.

“Con preocupación, dice el documento de la red Foro Migraciones distribuido por Cencos, las organizaciones que trabajamos el tema migratorio continuamos observando y documentando un incremento de violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas. Al mismo tiempo, es patente que las instituciones gubernamentales involucradas en la materia (con algunas loables excepciones) han reforzado una perspectiva de control y de restricción de las migraciones, y no una de desarrollo y garantía de los derechos humanos. Las recomendaciones emitidas al estado mexicano por parte de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos continúan sin ser atendidas y los instrumentos internacionales de derechos humanos continúan sin aplicarse a cabalidad.” El llamado es a que la burocracia federal cumpla las recomendaciones de los relatores de Naciones Unidas de garantizar los derechos humanos de los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, así como de abrir espacios efectivos de diálogo con la sociedad civil

La red Foro Migraciones, representada en la Coordinación de la Subcomisión de Derechos Humanos de los Migrantes por la institución de asistencia privada Sin Fronteras como parte de la Sociedad Civil dentro de la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos, CPGMDH, presenta su decisión de retirarse de tal mecanismo, que no ha podido constituirse como un espacio de diálogo efectivo entre los poderes de la Unión, la academia, la sociedad civil organizada y la propia población migrante, para la construcción de una política de Estado en la materia, que se funde en la plena vigencia de los derechos humanos de las personas migrantes y en una perspectiva integral de desarrollo. Por esta misma razón, el Foro Migraciones presenta su salida de la Subcomisión de los Derechos Humanos de los Migrantes.

A más de seis años de su constitución formal (11/03/2003), el gobierno federal no ha mostrado un compromiso sólido para afianzar la CPGMDH como un espacio de diálogo permanente y efectivo para la construcción de política pública y de acciones que efectivamente garanticen los derechos humanos en México. En particular, la Subcomisión de Derechos Humanos de los Migrantes ha funcionado más de manera circunstancial, sin cumplir con los propósitos sustantivos para los cuales fue creada, por lo que su papel se ha limitado a legitimar la acción gubernamental en materia migratoria.

El Estado mexicano está obligado a desarrollar alternativas a la detención de migrantes y solicitantes de asilo, en especial para niños, niñas y adolescentes; garantizar que las condiciones de detención en las estaciones migratorias respeten los derechos humanos de las personas privadas de su libertad; garantizar los elementos de acceso a la justicia y debido proceso durante la verificación migratoria, la detención y la deportación; evitar la participación de autoridades policiacas y militares, que no están facultadas para ello, en las labores de control migratorio; desarticular los vínculos existentes entre las redes delincuenciales y las fuerzas policiacas y migratorias, que ocasionan que el secuestro, la extorsión y los abusos de migrantes se cometan con completa impunidad y sin sanción alguna; garantizar el derecho a solicitar y recibir asilo.

Esto debe considerarse dentro del más amplio contexto del asimismo difundido por Cencos informe Defender los derechos humanos: entre el compromiso y el riesgo, sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México, con base en 128 casos en 19 entidades federativas El principal referente para identificar los 128 casos fueron las 54 comunicaciones que de enero a agosto de 2009 mantuvo la OACNUDH con la Relatora Especial del Estado mexicano, documentados en reuniones con personas que promueven y defienden derechos humanos de forma pacífica, y cuyos propios derechos se han visto violentados por ejercer esta actividad, lo que ha ocurrido a miembros de organizaciones sociales, así como de periodistas. Liliana Valiña, Carlos de la Torre Martínez de la Torre Martínez y Alberto Brunori, funcionarios de la OACNUDH, plantearon la necesidad de reconocer la legitimidad del ejercicio de defensor y también el compromiso del Estado de garantizar “el derecho a defender el derecho humano”.

No dan una. Pero quieren quitarnos todo.

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