(AMI) Alimentada con poco más de mil millones de pesos diarios, fines de semanas y feriados incluidos, la deuda interna del gobierno federal alcanzaba a principios de noviembre dos billones 782,303 millones de pesos, 63.4% más que al inicio del sexenio -y no incluían los más de 4,500 mdp que la administración adeudaba a Luz y Fuerza del Centro un mes antes de que Calderón anunciara haberla liquidado, ni los 4,600 que por consumo de agua debe al GDF- con lo cual ya nadie duda de que si el ejecutivo continúa, como ya anunció, gastando nuestros impuestos de la manera que él supone responsable, honesta, austera, eficaz y transparente, la quiebra nacional está garantizada.

Se expresa en el documento donde el PRD formula el marco de referencia para plantear su refundación que “hoy, la correlación de fuerzas se muestra altamente desfavorable para el PRD y las izquierdas en su conjunto. Sin embargo, la creciente inconformidad social por los efectos negativos de la crisis económica genera condiciones favorables para reposicionarlas, en particular al PRD, y convertirlas ante los ciudadanos como la mejor alternativa de gobierno… debemos ser capaces de colocarnos con iniciativas contundentes en las agendas políticas de la nación y de las entidades. La ruta del PRI no necesariamente será de ascenso permanente y la del PRD de derrumbe inevitable: todo dependerá de las iniciativas y aciertos de los actores políticos, y de los resultados de los 22 comicios de 2010 y 2011… nuestro objetivo es recuperar nuestra competitividad y convertirnos en una mayoría social y política… el rencuentro con los movimientos cívicos, sociales, sindicales, magisteriales y con sus líderes históricos, como Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Andrés Manuel López Obrador.”

Rasgos descriptivos, los anteriores, de la misma realidad donde, en la óptica del expresidente nacional panista Manuel Espino Barrientos, “en general, el PAN ha venido declinando al sufragio y la democracia interna, en la apertura a la sociedad y el diálogo con los que piensan diferente, porque ha habido dirigentes que han confundido firmeza, que en política es muy valiosa, con rudeza, que es nefasta… Hemos tenido en la dirigencia del PAN actitudes que son el reflejo de una confusión, porque piensan que es lo mismo tener carácter que tener mal carácter, que es algo muy desagradable.” El libro en cuya presentación dijo lo anterior la noche del martes en Monterrey, tiene un título de enternecedora franqueza: Volver a empezar. Un llamado a la perseverancia desde la democracia cristiana. Escenarios en cuya incongruencia PRD y PAN suscriben declaraciones mancomunadas respecto al veto presidencial al presupuesto. ¿Cuál presidente?

En tal escenografía, el coordinador de los senadores del PT, Ricardo Monreal, demanda que el ejecutivo federal informe a esa cámara sobre la existencia de escuadrones de la muerte auspiciados por empresarios, narcotraficantes y alcaldes; y donde el Centro Nacional de Comunicación Social, Cencos, con datos del Sistema Integral de Información en Derechos Humanos del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, denuncia que elementos del ejército de la IX zona militar de Culiacán, Sinaloa, acudieron a la media noche del martes 10 de noviembre al domicilio de Mercedes Murillo Esquer, presidenta del Frente Cívico Sinaloense, FCS, quien a esa hora descansaba, cuando tocaron a su puerta; al preguntar quién era, una voz masculina respondió: “Ejercito mexicano”. Al abrir se encontró con cinco soldados que le apuntaban. No ha sido la primera de muchas agresiones a activistas de esa organización civil e integrantes del Frente Cívico Sinaloense por su labor de denuncia constante contra los abusos y violaciones a derechos humanos contra la población sinaloense cometidos por soldados en el marco de la lucha contra el crimen organizado y señalar la impunidad que genera la extensión del fuero militar. Organizaciones defensoras de derechos humanos anteriormente han formulado denuncias, y pronunciamientos para resguardar la integridad física de los integrantes de esta organización.

También Cencos difunde la información provista por el Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, en el sentido de que durante los días martes 17 y miércoles 18 de noviembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos de manera general, debió resolver sobre la responsabilidad del Estado mexicano en la desaparición, homicidio e impunidad de tres de las víctimas encontradas en un campo algodonero en Ciudad Juárez los días 6 y 7 de noviembre de 2001, cuando fueron encontrados en dicho sitio ocho cuerpos de mujeres asesinadas con claras señas de tortura sexual, crímenes de los cuales no se tiene a la fecha ningún responsable ni reparación de los daños; al contrario, el caso se ha constituido en emblemático por los altos grados de implicación criminal de agentes del Estado, y por la cadena de hechos que hacen evidente la responsabilidad del Estado en la impunidad de estos hechos.

Será esta la resolución al primer caso sobre feminicido que se investiga ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el que desde su demanda plantean violaciones a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Por ello, la sentencia tendrá un impacto importante no sólo en los casos a investigación y en Ciudad Juárez, sino en todo el país y más allá, en la región americana, pues sentará el primer antecedente de interpretación sobre esta forma extrema de violencia contra las mujeres. Por los hechos y solicitudes presentadas en la demanda a la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por las organizaciones representantes de las víctimas (las organizaciones Asociación Nacional de Abogados Democráticos AC y Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, como representantes de Esmeralda Herrera Monreal, así como Red Ciudadana de No Violencia y por la Dignidad Humana y Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer AC, como representes de Claudia Ivette González y Laura Berenice Ramos Monárrez, así como por la respuesta y argumentación por parte del Estado mexicano, se espera que la corte debata y resuelva de manera que aporte al fortalecimiento de los derechos humanos de las mujeres en la región en diez puntos que garanticen el reconocimiento de los daños y o medidas de reparación.

Finalmente, el martes 17 de noviembre el Sistema Integral de Información en Derechos Humanos del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez mantenía alerta anaranjada por la inequidad en el proceso a Juan Manuel Martínez Moreno para inculparlo por el homicidio de Brad Will. Y la conflictividad social se sigue agudizando en Chiapas, en Guerrero, y en san Luis Potosí, cuyo gobierno ha sido incapaz de pronunciarse de manera clara ante la revocación del permiso a Minera San Xavier. Las condiciones objetivas están ahí. rrb@red-ami.com