(AMI) El paro cívico nacional convocado por la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas para el 11 de noviembre, cuando se cumplirá un mes del asalto policiaco-militar a Luz y Fuerza del Centro y de la pretendida liquidación de la paraestatal con un decreto que transgrede la normatividad jurídica y usurpa funciones del poder legislativo, también dará cauce a la inconformidad generada por la ininterrumpida cadena de arbitrariedades en que el gobierno de Calderón eslabona en los tres años de terrorismo tan dolorosamente transcurridos de su ilegítima administración.

En el contexto, asistimos al insólito caso de una servidora pública que cumple su tarea de servicio a la sociedad y el propio SME expresa su reconocimiento cuando denuncia las presiones que están siendo ejercidas contra la jueza para que modifique su fallo en el proceso del amparo solicitado por los trabajadores, cuya personalidad jurídica ha sido rescatada por la suspensión provisional, contra la manifiesta intención del ejecutivo federal de torcer la ley para perjudicar a los sindicalistas y privilegiar a los intereses trasnacionales: “Hoy se pretende pasar por encima del Poder Judicial y se ejerce el poder del presidencialismo contra una juez para que resuelva en favor del agravio que se pretende cometer contra los electricistas. Alertamos a la opinión pública, nacional e internacional, respecto de estas insensatas presiones contra la juez Guillermina Coutiño Mata y los invitamos a seguir de cerca el actual proceso que se sigue en las instancias judiciales”.

Consignan Rosa Elvira Vargas y Patricia Muñoz en su crónica de La Jornada: La convicción de que con su movimiento, más allá de su fuente de trabajo, el SME está defendiendo al país y a la Constitución, fue expuesta por los diputados Alejandro Encinas, Porfirio Muñoz Ledo y Pedro Jiménez, del PRD, PT y Convergencia, respectivamente, así como por Manuel Bartlett Díaz, del PRI, y por Bertha Luján, representante del Movimiento en Defensa de la Soberanía Nacional. Esto formó parte central del mensaje con el cual cerró el líder de los electricistas, Martín Esparza. “La corte está para poner orden, de lo contrario, se rompe la República, se rompe el pacto social y observaremos que en adelante podrán sacar decretos para acabar con Pemex, con la Comisión Federal de Electricidad, con el Seguro Social, con la educación para nuestros hijos. ¡Eso no lo podemos permitir!”

En el gran telón de fondo, Cencos mantiene abierta la llave de su valioso flujo informativo:

Amnistía internacional denuncia que a primeras horas del 11 de octubre, un miembro del personal de Belén, Posada del Migrante en Saltillo, Coahuila, oyó ruidos procedentes del exterior. Se asomó a la calle y vio a un grupo de 12 personas que huían: habían destrozado el contador de la electricidad, y el refugio estaba sin corriente eléctrica.

El 25 de octubre, a las dos de la madrugada, el personal del refugio oyó que alguien, desde el exterior del edificio, gritaba amenazas como “pinches putos” o “lárguense, pendejos”, y vieron a unas personas arrojando piedras contra el refugio, rompiendo varias ventanas y destrozando el transformador eléctrico. Desde el 14 de octubre, tres miembros del personal (la hermana María Guadalupe Argüello, Alberto Xicoténcatl Carrasco y Sandra Luz Albicker Aguilera) han venido recibiendo llamadas telefónicas anónimas tanto en el refugio como en su casa, entre las dos y las cinco de la madrugada. Los autores de las llamadas no dicen nada, sólo se escucha un ruido como un latido de corazón. Desde el 5 de octubre, el sacerdote Pedro Pantoja Arreola, que dirige la posada, ha recibido en su móvil, durante la noche y la madrugada, una serie de llamadas telefónicas amenazadoras en las que le dicen: “chinga tu madre” y “ya mejor dedícate a otra cosa”. Hasta el momento ha recibido 10 llamadas así.

El personal del refugio ha denunciado los hechos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, pero ésta no ha abierto ninguna investigación al respecto, ni ha ordenado protección efectiva para el refugio y su personal. La PGJE ha sugerido el cierre total del refugio, ya que no es probable que el acoso cese.

La Red Nacional de Resistencia Civil contra las altas tarifas de la energía eléctrica denuncia la agresión constante de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, en Chiapas, Oaxaca, Querétaro y Campeche. “No contentos de tener todavía encarcelados a tres compañeros y compañeras nuestros en Campeche por el único delito de ser defensores de los derechos de los pueblos, la CFE esta nuevamente realizando cortes de luz constantes en el municipio de Candelaria, Campeche, negandonos nuestro derecho constitucional de beneficiarnos de la energía eléctrica.

No nos negamos a pagar la energía eléctrica, sino que nuestro movimiento del no pago es una forma de exigir tarifas justas y de protestar contra las altas tarifas que no son más que la consecuencia de la política privatizadora del Estado mexicano, que no la considera un servicio necesario en el ámbito de la constitución, o un derecho como establece la ONU, sino como un negocio de las grandes empresas trasnacionales que ya se apoderaron del 47% de la energía eléctrica producida en el país. “También la CFE tiene demandados a 5 compañeros nuestros de Ixtepec, Oaxaca, contra los cuales ya dictaron orden de aprehensión y se encuentran escondidos y 6 compañer@s de Xadani, Oaxaca.También en estos últimos días se ha desatado una campaña de terror contra usuarios inconformes en el estado de Querétaro. En todos los casos, se trata de delitos inventados para intentar debilitar a nuestro movimiento de resistencia, pero seguimos más firmes que nunca y creciendo a medida que las tarifas siguen subiendo a lo largo y ancho del país.

“A todo lo anterior mencionado se agrega el golpe contra nuestros compañeros del SME, el paquete presupuestal con el aumento de todos los impuestos, y tantas arbitrariedades más impuestas por los gobiernos federal y estatales y nuestros supuestos representantes. Exigimos: 1.- El cese inmediato a los cortes de luz en el municipio de Candelaria, Campeche 2.- La liberación de nuestr@s compañer@s pres@s de Campeche Sara Lopez, Joaquin Aguilar y Guadalupe Borjas y el retiro por parte de la CFE de las demandas en contra de los compañeros de Ixtepec y Xadani, Oax. 3.- La derogación inmediata del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro 4.- La no privatización de la energía eléctrica.”

Hoy jueves vence el plazo para que las áreas del ejecutivo federal involucradas en el caso rindan por escrito un “informe previo justificado” ante la jueza federal Guillermina Coutiño. Una prueba de fuego para que la abogada decida si permanece en la tierra de la justicia y conserva el respeto que a sí misma se merece. Ojalá.

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