(AMI) Dice Calderón que “es hora de enderezar el rumbo social del país” y, por esta vez, tiene razón; ¿quién podría aceptar como normal el cínico dato de que de cinco cifras del producto interno nacional en 2009 los dos primeros son los 74,699 millones de dólares del mercado informal y los 40 mil del narcotráfico, seguidos por casi 25 mil del petróleo, 21 mil de las remesas, 11 mil del turismo? Así finaliza el tercer año e inicia el cuarto de este ilegítimo sexenio.

Fernando Gómez Mont, el abogado cuyo despacho se especializa en la defensa de delincuentes de cuello blanco encargado de la secretaría de Gobernación, declara estar en contra del aborto, “práctica que debiera ser proscrita” según este egresado de la misma escuela libre de derecha que es el alma mater de su jefe y contrata por 299 millones 476,100 pesos a la empresa holandesa Smartmatic International Holding, sujeta un par de investigaciones del FBI por evasión fiscal en EU, igual que por sobornos en Venezuela se para proveer la información biométrica que constará en la cédula de identidad ciudadana y a José Luis Piñar Mañas (¡vaya franqueza!) exdirector de la Agencia de Protección de Datos Personales de España, para hacerse cargo del estudio de impacto a la privacidad de los datos personales y biométricos que se recabarán de los mexicanos para la viabilidad de la cédula de identidad que es la pelota personal del señor Gómez Montt. ¿Herencias del mouriñato? Ciertamente, usos frecuentes del felipato.

Antes del cierre de Luz y Fuerza del Centro, dependencias públicas federales, empresas privadas y municipios debían al organismo, en conjunto, más de 10 mil millones de pesos, admite Georgina Kessel, encargada del despacho de Energía. Dice que se cancelará el servicio a quien no pague. ¿Será? Lo que nadie puede negar es que en los dos primeros años del gobierno (de alguna manera debemos llamarle) de Felipe Calderón se otorgaron 234 nuevos permisos a empresas para generar su propia energía eléctrica, además de las 381 concedidas por la administración de de Vicente Fox, bajo cuyo amparo se generan 110 mil 72 gigavatios/hora, apenas 30,443.2 menos que la Comisión Federal de Electricidad en 2010. Y a propósito del tema, el jurista Elisur Arteaga opina que la suprema

corta sí tiene bases para estudiar las demandas de controversia constitucional interpuestas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y por un municipio de Hidalgo contra el decreto presidencial que extinguió a LFC pues el ministro Fernando Franco González Salas ya tomó conocimiento de los recursos de reclamación interpuestos por la ALDF y dicho ayuntamiento contra el fallo del ministro José Ramón Cossío que desechó inicialmente las reclamaciones alegando “notoria improcedencia.” González Salas debe preparar un proyecto de resolución para que ambos recursos de reclamación sean resueltos el próximo año; paralelamente, el Sindicato Mexicano de Electricistas exiger al Senado que investigue los contratos millonarios en dólares otorgados a la trasnacional suiza ABB por Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y otras paraestatales durante el sexenio de Vicente Fox y lo que va del de Felipe Calderón.

Octavio Vélez reporta a La Jornada que centenares de profesores de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación marcharon, los de Valles Centrales por la mañana, y los de la región norte por la tarde, para rememorar el tercer aniversario de la represión de la Policía Federal Preventiva contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, APPO. Docentes y activistas de otras regiones de Oaxaca hicieron lo mismo en las principales ciudades. Hace tres años, miles de seguidores del movimiento marcharon desde el municipio conurbado de San Bartolo Coyotepec, sobre la carretera Ciudad Alemán-Puerto Ángel, hacia el centro de la capital oaxaqueñña, para acordonar durante 48 horas a la PFP acantonada en el zócalo. Sin embargo, policías y soldados rompieron el cerco y se generó un enfrentamiento de más de cinco horas, que terminó con más de 100 aprehensiones. En Chilpancingo Zeferino Torreblanca, califica de simple delincuente y no guerrillero al comandante Ramiro, del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente y minimizó las advertencias que hiciera el grupo rebelde de vengar la muerte de su líder fallecido el 4 de noviembre; rechaza que el asesinato haya sido un crimen de Estado y amenaza “aplicar la ley a todo aquel que la transgreda”.

La madrugada del miércoles 25 de noviembre, 11 autobuses con representantes de las Secciones del Sindicato Nacional de Mineros fueron interceptados y secuestrados en la frontera del Estado de Zacatecas, por fuerzas públicas federales, estatales y municipales, que sin alimentos ni agua, son tienen impedidos por la tropa para desahogar sus necesidades fisiológicas; esto es para impedir su ingreso a Zacatecas, a donde acuden para seguir el proceso penal que se instruye en la capital estatal contra los culpables del asesinato, en junio pasado, de Juventino Flores Salas, atribuido a seguidores de exsindicalista Carlos Pavón Campos, su hermano y otros. Este comportamiento ilegal de autoridades federales, a instigación de la empresa Grupo Peñoles, de Alberto Bailleres, que utiliza recursos mal habidos del lavado de dinero, su complicidad con el crimen organizado y sus evasiones fiscales, significa ya un claro comportamiento fascista del actual gobierno federal, de represión a compañeros mineros trabajadores y de violación total a las garantías constitucionales de libre tránsito y de libre manifestación, denuncia el boletín 101/2009 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y similares de la República Mexicana, que exige el cese de la situación descrita y manifiesta su más enérgica protesta por este atentado a las libertades de tránsito, manifestación y expresión, y por la detención absolutamente ilegal de los compañeros mineros que viajaron a Zacatecas. Responsabilizamos formalmente al gobierno de Felipe Calderón, a las autoridades policiacas y militares federales y de Zacatecas y, sobre todo, a Grupo Peñoles, de cualquier violencia o hecho de sangre que ocurra en este atentado a las libertades.

Así pues, acordes con Felipe Calderón en la necesidad imperativa de enderezar el rumbo social del país se exhorta al titular del ejecutivo federal a dar congruencia a sus palabras en el marco de sus acciones y llevar al congreso la iniciativa de revocación del mandato cuando este sea ilegítimo, o el vacío del poder exista y la naturaleza fallida del Estado sea evidente, como es el caso.

rrbred-ami.com