(AMI) Si es la insolencia o es el cinismo del discurso gringos en las voces de Obama y Rodman Clinton al dar instrucciones al mundo de a dónde y cómo ir es lo único en tela de juicio, porque quién es el gendarme universal está hoy más claro que nunca. Igual que en México es diáfano el acuerdo de ladrones suscrito por los representantes espurios de la nación con el gran empresariado depredador, para seguir patrocinando a aquél con el dinero del pueblo expoliado por la trituradora fiscal para pobres, en la jornada que Jesús Zambrano delinearía “como una noche de traiciones o, como dijo uno de los personajes de la Decena Trágica: es una noche de zopilotes. Con su decisión se puede estar prendiendo la chispa que incendie mañana las praderas de la patria”.

Cumplidas estaban las consignas de quien Adán Augusto López Hernández describió como “el ciego que vegeta en Los Pinos un día casi les suplica que paguen impuestos. Al siguiente les dijo que está bien su Teletón, su redondeo y su filantropía, pero que deben pagar impuestos y, finalmente, con la complicidad de ustedes, termina pidiéndoles perdón”. Así, el rebaño legislativo no solo rechazó las propuestas de no gravar más consumo y salarios, ratificó las modificaciones a la Ley del ISR sobre la consolidación fiscal de las empresas, aumentó ese gravamen de 28 a 30% a personas físicas y subió el IVA a 16%; los diputados también autorizaron que los componentes de ahorro o inversión asociados a seguros de vida y las aportaciones voluntarias y complementarias equivalentes a 20 salarios mínimos elevados al año son bienes susceptibles de embargo y que la reserva de confidencialidad a la que están obligados los funcionarios públicos no se aplicará cuando se proporcione al Congreso información fiscal de contribuyentes para su evaluación económica; eximieron del pago de derechos a las empresas que participen en las licitaciones del espectro radioeléctrico en telefonía celular, cancelaron los dos pesos adicionales por cajetilla.

Harta razón tuvo Óscar González al apuntar a la alianza prianista, cuando le llamó a no convertirse en rehenes de los empresarios: “Si es así, las ideologías de los partidos se agotarán. No busquen patrones, su patrón es el pueblo de México, por eso están aquí. Sus patrones no son esos señores del dinero, a menos que hayan acordado que les den para sus campañas, ¡y al pueblo de México que se lo cargue el diablo!” Y Muñoz Ledo: “Nos hemos extraviado en el toma y daca entre los poderes públicos. Estamos ante la perspectiva de un Estado fallido cuando las instituciones se entregan a los poderes particulares. Vivimos una comedia de equivocaciones. ¡Este es un vil mercadeo político contrario al interés nacional!”

La demanda de Gloria Arenas y Jacobo Silva, exintegrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo a la CIDH acusando al Estado mexicano por tortura y faltas al debido proceso durante el encarcelamiento de 10 años que concluyó este miércoles y jueves pasados fue recibida el 11 de septiembre pasado, informa Cencos; los exguerrilleros y ahora luchadores sociales “desde el movimiento popular” deberán esperar a que dicho organismo interamericano determine si el caso puede tener cabida en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gloria y Jacobo fueron detenidos hace 10 años, el 22 y el 19 de octubre de 1999, respectivamente, y se les acusó de homicidio, tentativa de homicidio calificado y daños a propiedad ajena, cometidos como parte de sus actividades guerrilleras dentro del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente. Para la defensa de ambos Jacobo Silva Nogales argumentó que no cometieron tales delitos porque según el artículo 137 del Código Penal Federal “los rebeldes no serán responsables de los homicidios ni de las lesiones inferidas en el acto de un combate”, por lo que se les podía acusar sólo de rebelión cuya pena máxima es de cinco años de cárcel.

“Demostramos la ilegalidad de nuestra permanencia en prisión” sostuvo Silva Nogales y su esposa, Gloria Arenas, sentenció: “Estamos en libertad porque jurídicamente era insostenible tenernos presos”. Sin embargo, tras dos amparos, uno de ellos gracias al cual se lograría disminuir la sentencia de ambos de 42 a 14 años, entre otros muchos recursos jurídicos, aún se les negaba la libertad a ambos presos políticos. Fue hasta el 28 de octubre de 2009 cuando inesperadamente fue liberada Gloria y un día después Jacobo y a ninguno de los dos se explicó por qué fueron liberados; “no firmamos ninguna notificación, fuimos liberados sorpresivamente”, detalló Arenas Agís. Javier Enriquez, piensa que puede deberse a que uno de los procesos, el que se sigue en Toluca, Estado de México (94/99), fue inconformado. Ahora que han salido de la cárcel, él del penal de máxima seguridad de Tepic Nayarit, y ella del al de Santa María Chiconahutla en Ecatepec, Estado de México, anuncian que continuarán con la lucha, desde el movimiento social y popular. “Hay muchos presos políticos en diversos Estados y con ellos tenemos un compromiso porque todos somos parte del movimiento popular”, dijo Arenas Agís.

“Ahora que estamos en otra trinchera nos corresponde a nosotros luchar desde aquí por los presos políticos, aquellos que están encarcelados por luchar por la libertad del pueblo”, expresó Silva Nogales al anunciar que defenderán otras causas como La Otra Campaña y la lucha por la excarcelación de los presos políticos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco. Al recuperar su libertad, Arenas Agís ve un panorama diferente: “no estamos ante un movimiento social atemorizado y paralizado como quisiera el Estado, a pesar de que en el país la situación es aún más grave que hace 10 años.”

También está el reclamo de los activistas en la defensa de los derechos humanos que expresan su profunda preocupación por la información recientemente dada a conocer por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Philip Alston, en el sentido de que éste ha solicitado permiso para realizar una visita a México pero que el gobierno habría obstaculizado la misma, buscando postergar la posibilidad de una visita hasta después de que Alston deje el cargo de Relator Especial y su exigencia de corregir tan aberrante y vergonzosa decisión.

Hechos como los reseñados por Cencos dotan razones para la esperanza de este país, así como que la Junta Central de Conciliación y Arbitraje, gracias a la suspensión provisional dictada por la jueza Guillermina Cutiño Mata en la solicitud de amparo tramitada por el Sindicato Mexicano de Electricistas, se haya visto obligada a reconocer la existencia jurídica del propio SME y su calidad de interlocutor laboral con la Mexicana de Luz y Fuerza –que por tanto, hemos de presumir, no está todo lo extinta que Calderón y Kit Lozano quisieran- este conserva bases para exigir con pleno derecho la vigencia del contrato colectivo de trabajo, la reinstalación de 44 mil empleados y el pago de salarios caídos. Que así sea.

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