(AMI) De acuerdo con los archivos desclasificados de la Agencia de Inteligencia de la Defensa, dependencia del aparato militar de Estados Unidos cuya sigla en inglés es DIA, Kate Doyle directora del Proyecto México en el Archivo de Seguridad Nacional, organización no gubernamental con sede en la Universidad George Washington, dio a conocer en diversos medios de comunicación mexicanos el 20 de agosto de 2009, documentos desclasificados de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de los Estados Unidos, cuya sigla en inglés es DIA, que describen el papel del ejército mexicano en el apoyo a los grupos paramilitares en Chiapas, denuncia el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC, Frayba:

A mediados de 1994 el ejército mexicano recibió instrucciones presidenciales para establecer equipos militares para promover grupos armados en las áreas conflictivas de Chiapas. El propósito consistía en preparar a personal indígena local para resistir al EZLN (…) crear cuerpos de espionaje acopiados en las comunidades indígenas primero de Los Altos y Las Cañadas (…) con el propósito de tener otras unidades similares operando en áreas alrededor de las comunidades zapatistas (…) el ejército creó equipos especiales de espionaje (Humint) (…) compuestos primero de agentes jóvenes del rango de segundo y primero capitán, así como de sargentos de élite que hablaban los dialectos regionales… y así (…) recoger información de inteligencia; los equipos de Humint del ejército ayudaban a los grupos armados con adiestramiento y protección…

En el documento, titulado Archivos Improcedentes, la directora del Proyecto México señala que “desde el ataque brutal del 22 de diciembre de 1997, el gobierno mexicano ha ofrecido múltiples versiones acerca de la participación militar en la zona conflictiva de Chiapas alrededor de Acteal. El problema es que los relatos han sido o incompletos o falsos. Lo más importante sobre los documentos de la DIA es que contradicen directamente la historia oficial sobre la matanza, difundida por el gobierno del entonces presidente, Ernesto Zedillo.

En el reporte emitido del procurador general Jorge Madrazo en 1998, el denominado Libro Blanco sobre Acteal, el gobierno afirmó que [la Procuraduría de la República ha documentado la existencia de grupos civiles armados en el municipio de Chenalhó, no organizados, articulados, entrenados ni financiados por el ejército mexicano ni por otras instancias gubernamentales, sino que su gestación y organización responde a una lógica interna determinada por la confrontación, entre las comunidades y dentro de las comunidades, con las bases de apoyo zapatistas]”.

http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB283/acteal_02.pdf

En tal contexto, el miércoles 4 de noviembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, ratifica su participación en la estrategia de contrainsurgencia en Chiapas al cancelar lo mínimo que se había avanzado en la justicia en la matanza de Acteal el 22 de diciembre 1997, al dejar libres a otras nueve personas de quienes participaron en ella y que fueron reconocidas plenamente por los sobrevivientes, especifica el Frayba. El argumento en el cual los ministros basaron su decisión fue que se violaron garantías a un debido proceso, pues las actuaciones judiciales estuvieron plagadas de irregularidades y simultáneamente desestimaron las pruebas aportadas por los sobrevivientes y testigos de la matanza. También, dice el Frayba, es preciso señalar que la decisión de la SCJN no fue en el sentido de juzgar si eran inocentes, a pesar de que en el largo proceso judicial y en diversas ocasiones los testigos identificaron a las personas hoy liberadas como los autores materiales del asesinato colectivo.

Simultáneamente, en Washington DC, la Organización Sociedad Civil Las Abejas, e integrantes del Frayba, entregaron a funcionarios, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, un documento sobre los hechos de impunidad que a través de la SCJN ha propiciado el Estado mexicano. El Frayba pidió a la CIDH que por su conducto sea solicitada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, la puesta en marcha de medidas provisionales en beneficio de los y las sobrevivientes de la matanza, así como de las autoridades de Las Abejas, ante el riesgo inminente para su vida e integridad personal por las posibles represalias y/o venganza que tomen los autores materiales del masivo asesinato recientemente liberados, debido a que en la región grupos paramilitares con armas de fuego. Esta resolución de la SCJN pone en evidencia de manera contundente que el Estado mexicano incumplió su deber de garantizar el acceso a la justicia hacia las víctimas, sobrevivientes y a la sociedad en general, dejando de observar el derecho a la verdad, a la justicia, la reparación del daño, y medidas de no repetición, al no realizar una investigación seria y eficaz, a fin de castigar a los responsables materiales e intelectuales, evitar la impunidad y un mayor daño psicológico a las víctimas.

En otro caso, dentro del mismo tema general, don Ricardo Ucán, dice el boletín de Cencos, es un indígena maya sentenciado a 22 años de prisión por privar de la vida a una persona en defensa de su vida y la de su familia. Durante el juicio se violaron sus derechos a una defensa adecuada, a contar con traductor y se cometió contra él discriminación, lo que le impidió demostrar que actuó en legítima defensa. El Equipo Indignación y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, copeticionarios en el caso 12.660 abierto ante la CIDH por las violaciones cometidas en agravio de don Ricardo Ucán Seca, acudirán a la audiencia para exponer ante dicho organismo los agravios atribuibles a autoridades yucatecas. Ucán Seca está preso desde hace casi 10 años, víctima de un juicio durante el cual careció de las mínimas garantías judiciales. No contó con intérprete traductor a pesar de ser la maya su primera lengua, tampoco con una defensa adecuada, pues su defensora de oficio no estuvo presente en su declaración, no aportó pruebas de descargo ni realizó argumentaciones para acreditar la legítima defensa con la que actuó don Ricardo Ucán. A pesar de que las violaciones fueron evidentes, ni el Juez de la causa, ni la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia ni el Tribunal de Amparo, hicieron efectivas las garantías judiciales de Ricardo Ucán.

Dice López Obrador que las cúpulas del PRI y del PAN acordaron repartirse por la mitad los 30 mil millones de pesos que se recaudarán el próximo año con el incremento a 16 por ciento del IVA. El botín irá a parar a manos de los gobernadores, no de los gobernados. En Oaxaca y Veracruz servirá para la compra de votos en los comicios venideros por parte de los priístas. Seguramente Andrés Manuel tiene razón.

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