(AMI) Bananeros, el apelativo que sin embozo alguno de su intención peyorativa se enjaretaba a las pequeñas, indefensas víctimas centroamericanas del colonialismo gringo, denigra ya a México gracias a la naturaleza esencial del gobierno de Felipe Calderón que hasta paga tiempos en pantallas y micrófonos y espacios en papel sanitario, para difundir la recepción de helicópteros reconstruidos en los talleres del ejército de Uncle Obama, a bordo de los cuales los militares mexicanos persistirán en la sangrienta opereta de la guerra contra el narco. ¡Quién hubiera podido creerlo cuando en este país había presidentes de la República!

Una innovadora investigación muestra el impacto de la difamación civil sobre la libertad de expresión, apunta el boletín de Cencos que en su primer párrafo establece: Artículo 19 lanzó el primer y único estudio global sobre la regulación civil de la difamación. Con base en dos años de investigación en 176 países, esta herramienta en línea contiene un mapa donde se puede realizar un recorrido del mundo para revelar que la libertad de expresión es seriamente vulnerada.

En este ejercicio de mapeo único, Artículo 19 exhibe ejemplos alrededor del mundo y las respectivas sentencias por el pago de daños y evidencia, de cómo los casos civiles pueden limitar la libertad de expresión tanto como los derivados de acusaciones por delitos de difamación y través del mapeo a lo largo del mundo sobre la difamación en el ámbito civil descubre contornos sobre la opresión, censura e intimidación legal que permanecían ocultos, afirma la doctora Agnès Callamard, Directora Ejecutiva de A19. “Los hallazgos de nuestra investigación son escandalosos.”

El pago por daños desproporcionados, junto con los altos costos legales, significan que periodistas y otros enfrentan riesgos enormes al investigar sobre cuestiones como la corrupción, el crimen, y las decisiones políticas. Al enfrentar la posibilidad de perder el modo de ganarse la vida o llevar a la bancarrota a un periódico, pueden fácilmente elegir la autocensura sobre el interés público.

Un gran número de organizaciones de derechos humanos y organismos inter-gubernamentales, incluyendo el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la OSCE, han reconocido que el tratamiento de la difamación como un delito es un límite injustificado a la libertad de expresión. El Reino Unido recientemente enderezó acciones hacia la despenalización de la difamación.

“Esta es una llamada de alerta,” continua Callamard. “La despenalización de la difamación en un paso crucial en la protección al derecho a la libertad de expresión. Pero igualmente crucial es la reforma para regular la figura de la difamación en el ámbito civil, la cual tiene que acotarse, prever sanciones proporcionales y considerar el interés público en el centro.”

El promedio del monto por pago de daños más elevado entre los 176 países analizados es la vasta suma de 471,221 dólares, es decir 37 veces el promedio del Producto Interno Bruto per cápita en los mismos países considerados. Mientras que EU es el país que condenó al pago de daños con el monto más elevado con una suma de siete millones en un caso, en India y Pakistán también fijaron el pago de daños con montos multimillonarios. El promedio de casos de difamación fue de 160 por año y en Suecia, Rusia, Alemania y Polonia varios miles de casos fueron procesados.

Las leyes de difamación pueden servir a un propósito legítimo, el de proteger la reputación ante un ataque injustificado y está reconocido en el derecho internacional como una restricción válida a la libertad de expresión. El estudio de Artículo 19 muestra, sin embargo, que los casos de difamación en el ámbito civil pueden estar motivados políticamente y ser utilizados para inhibir el periodismo de investigación, particularmente sobre asuntos relacionados con partidos políticos o corrupción. Las demandas por daños a la reputación frecuentemente son desproporcionadas, por lo cual periodistas y editores vacilan en ejercer un periodismo crítico.

En Brasil, por ejemplo, el periodista Luiz Flavio Pinto fue condenado este año al pago de daños y costas legales con un monto total de 20,000 dólares en una de dos docenas de demandas presentadas contra él por la familia Maionara. El monto del pago de daños en este caso equivale a más del ingreso anual de su periódico. En España, el exeditor de un periódico, Patxi Ibarrondo, fue condenado al pago de daños en 2007 por un monto del 12% mensual de la pensión que recibe. Quienes se interesen en más información en inhglés, pueden contactar con Oliver Spencer, oliver@article19.org +44 20 7324 2500 y para información en español, con Cynthia Cárdena en cynthiac@article19.org +52 55 10546500. Para ver el mapa de difamación en línea: www.article19.org/advocacy/defamationmap/map/?dataSet=civil_defamation o bien, www.article19.org

En otro tema, ¿por qué la iniciativa de reforma política de Felipe Calderón no incluye a la presidencia de la República y deja fuera los capitulares aspectos como las figuras legales como la revocación y el refrendo del mandato?

Pocos textos se han disfrutado tanto en Molinos de viento como el que sigue, publicado en la columna Dinero de Enrique Galván Ochoa, en La Jornada del lunes 14 de diciembre, rrb@red-ami.com: Rabia y horror me provocan los comentarios que vierte la gente en los periódicos por Internet. Es sorprendente que los insultos que se les ocurre dedicarle a la delegada Clara Brugada sean los de fea, gorda, tamalera, apestosa, vulgar –todo esto tiene que ver con ser prieta, ¡por supuesto! Ninguno protestó cuando nos pusieron a un nene español de secretario de Gobernación y que, además, alguien que lo quería muchísimo hasta había pensado dejarlo de presidente; pero el nene, aparte de ser español, era bonito y con unos hermosos ojos verdes. Seguramente rompió muchos corazones. Y a todos esos que se ríen y se festejan unos a otros con sus chistecitos racistas sobre la apariencia de la delegada Brugada, yo les pregunto –muy de acuerdo con estas fechas–: si la Virgen de Guadalupe se apareciera caminando por las calles de San Miguel Teotongo, vestida como una aborigen más, ¿qué le gritarían, babosos? Pilar Sáenz/Distrito Federal.