El día de hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió la sentencia del caso referido a la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, quien fue privado de su libertad en el estado de Guerrero el 25 de agosto de 1974.

Como parte del procedimiento, la audiencia pública del caso se realizó el 7 de julio de 2009 en la ciudad de San José de Costa Rica. La delegación mexicana fue presidida por el Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont Urueta.

Durante la audiencia, el Secretario Gómez Mont subrayó que el caso del señor Radilla Pacheco se produjo hace 35 años y que no se puede juzgar al México de hoy con los parámetros de esa época. Indicó que “hoy México cuenta con un marco jurídico e institucional que permite procesar casos trágicos como el que es materia de este procedimiento”. Explicó a la Corte que la promoción y protección de los derechos humanos es una directriz central del Estado mexicano actual: “hoy no venimos a justificar acciones ilegales, venimos a demostrar que nos hemos reformado”. En la misma audiencia, el Secretario Gómez Mont concluyó que “es obligación del Estado mexicano garantizar legal e institucionalmente la no repetición de los hechos, retribuir en la medida de lo posible el daño ocasionado a los agraviados porque nuestra responsabilidad moral e histórica así lo exige”.

Debe señalarse que el Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012 (PNDH) incluye estrategias para impulsar reformas a la legislación secundaria federal, especialmente una Ley sobre Desaparición Forzada de Personas consistente con los estándares internacionales. Asimismo, la Secretaría de Gobernación está analizando el marco jurídico en materia de reparación del daño para promover las reformas necesarias para su armonización con tratados y convenciones internacionales en la materia.

En cumplimiento con el artículo 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual México es parte desde 1981, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es definitivo e inapelable. Asimismo, en virtud del compromiso adquirido por el Estado mexicano en diciembre de 1998, al ratificar la competencia contenciosa de ese Tribunal, es su obligación internacional cumplir con la sentencia. Por tanto, el gobierno de México llevará a cabo todas las acciones necesarias para ejecutar la sentencia de ese órgano jurisdiccional.

El Gobierno de México reitera su firme compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos en todo el país.

Fuente:Secretaría de Gobernación, (SEGOB).