(AMI) El número de pobres en México es de 50 millones, 19 y medio en pobreza extrema; de acuerdo con Cyrille Schwellnusel, analista de Estudios Económicos de la Organización para lo Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, el desempleo alcanzará en el primer semestre de 2010 el 6.5%, en este país que, asimismo ha sufrido su peor recesión desde la crisis cambiaria de 1994, destacando una caída de 9.7% del PIB interanual en el segundo trimestre de este año. Juanito en Iztapalapa, Javier Lozano en el despacho de trabajo y previsión social, FF Gómez-Montt en Bucareli, Lujambio en Argentina 28, Calderón en Los Pinos, exponentes triple a del star system en el méxican güey, son algo más que una simple erisipela en dicho panorama.

Patrono del esquirolaje y capo de la delincuencia laboral como política no de Estado sino de una desaseada guerra contra el derecho esencial de toda sociedad, que es el de los seres humano al trabajo como única forma de garantizar la vida de las personas y la capacidad evolutiva de la sociedad, para deformarlo como simple coadyuvante a la acumulación del dinero en manos de los gángsters más relevantes del empresariado, Lozano exhibe la definición clasista de una burocracia callejonera, practicante del asalto en despoblado, el abuso del fuerte sobre el débil, el despojo de los pobres para el enriquecimiento de los poderosos, la ignorancia impune y el deliberado desprecio de todo vestigio legal. Ahí se inscriben los casos de los sindicatos minero y electricista, mucho más graves en su podredumbre legaloide, que los estallidos de violencia históricos en Cananea y Río Frío.

Mientras, en España Rodríguez Zapatero recuerda a los presidentes de mañana adelantará la edad de jubilación de las personas con discapacidad, dependiendo del grado de afectación por el sobreesfuerzo que produce el desempeño laboral de determinadas personas con discapacidad, más aun, define la actual como una crisis no laboral cuya solución, por tanto, no consiste en una reforma laboral, aun cuando a consecuencia de ella día con día aumenten los más de cuatro millones de desempleados. En todo caso, deja claro, una reforma laboral centrada en exigir un determinado tipo de contrato, una reducción de las indemnizaciones por despido o la exclusión del control judicial de los conflictos laborales “no es nuestro camino”. Traducción libre: no habrá contrato único -como se reclama desde la patronal y desde medios académicos-, ni abaratamiento del despido. España es el tercer mundo, lo sabe el presidente del gobierno coadyuvante con la monarquía y por eso prefiere abrir caminos en la realidad en vez de poner al país en el escaparate de ventas como el neoliberalismo hace en y con México.

En ese planteamiento queda claro que una cosa es entrenar para dotar servidores en la acumulación financiera del capitalismo salvaje y otra, educar para garantizar el derecho al desarrollo de la sociedad. Por eso cuando se informa que las grandes universidades españolas, la complutense al frente, Rodríguez Zapatero dice a la tribu de Rajoy que no es en la reducción del gasto público donde se encuentran las soluciones a la crisis recesiva, sino en la administración juiciosa de ese gasto que, mientras más y mejor se concentre en las políticas educativas, mejor será la inversión a plazos que si bien trascienden los periodos gubernamentales, se pueden considerar viables en tiempos razonables. En el contrapunto, el secretario Lujambio aplaude a una senadora cuyo lenguaje es homologable con el de Juanito, y restringe los recursos a universidades y el sistema de educación pública en general, pues de esa manera podrá seguir favoreciendo la proliferación de planteles patito que tanto daño hacen al país.

Qué decir, finalmente, del llamado a dejar los denominados negocios de viuda, que no son otros los que los financieros insisten en alentar con la renovación del secuestro del crédito para la industria de la construcción y la hipoteca en la compra venta de casas habitación, para dar paso a proyectos de modernización canalizados a la industria y al sector agroalimentario y para el primer trimestre de 2010 un plan del vehículo eléctrico y un programa de inversiones en infraestructura para el transporte sostenible, que se licitará durante los ejercicios 2010 y 2011. Mejor no hablar del inconexo y fragmentario discurso del señor Calderón. Contexto en el cual se vuelve relevante lo dicho por Eduardo Andrade, director ejecutivo de la empresa energética Iberdrola –de capital español– para América Latina, quien negó tener interés en explotar el área de trabajo de Luz y Fuerza del Centro y descartó ser enemiga del Sindicato Mexicano de Electricistas; no es de interés para la compañía la explotación ni comercialización de energía en el centro del país, zona de operación de LFC. “No la hemos querido, no la queremos ahora ni la querremos en el futuro.” Exhortó a los electricistas a denunciar ante las autoridades competentes a su empresa en caso de tener pruebas de que ha incurrido en actos de corrupción. “¿Para qué perder fuerza en pelearse con alguien que no es el enemigo?”, dijo en el seminario El impacto de la extinción de LFC en el servicio público de electricidad y en la vida nacional, organizado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Lo anterior, simultáneamente a que líderes sindicales de la Confederación Laboral Canadiense y de la central obrera estadunidense AFL-CIO declarasen que el gobierno de Calderón rompió con el acuerdo laboral del Tratado de Libre Comercio al despedir de manera ilegal a 44 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro y violenta convenios firmados ante la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunciaron. Stanley A. Gacek, director de asuntos internacionales de la AFL-CIO –que tiene más de 11 millones de afiliados–, y Hassan Yussuff, secretario tesorero de la Confederación Laboral Canadiense –tres millones de trabajadores–, quienes visitan México para verificar in situ la problemática de los trabajadores del electricistas, calificaron de evidente el cúmulo de violaciones a los derechos laborales y humanos de los trabajadores del SME, pues esta administración perpetró una acción que “viola todos los principios de justicia” y “rompe con el estado de derecho en este país”

Solo pueden decir lo contrario quienes no quieran ver ni oír, aun cuando la padezcan, la sufran, la indignante realidad que México padece.

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