(AMI) Cada día más desempleados, una moneda que cada vez vale menos, los salarios en su nivel de más dramática ridiculez, la acelerada e implacable escalada de precios y depredación fiscal, son componentes de la fórmula del régimen para garantizar el México de rodillas que necesitan sus cómplices del saqueo trasnacional. La pequeña y mediana empresa, cuya supervivencia depende de la cada vez más menor capacidad de consumo interno, enfrenta una sola certeza: despedir trabajadores que vayan a reforzar el famélico ejército industrial de reserva a disposición de la clientela del tenderete en que el neoliberalismo ha degradado este país.

En lo que a la creciente inseguridad nacional toca, la matanza de Cuernavaca donde murió Arturo Beltrán Leyva fue el 16 de diciembre y corrió a cargo de la marina de guerra, que tras el mismo objetivo, el 11 del mismo mes había irrumpido en una fiesta en Tepoztlán. El 12 de noviembre anterior, Jorge Alejandro Medellín, del Colectivo de Análisis por la Seguridad con Democracia escribió en su columna De orden superior (La Armada a escena) que, “de acuerdo con el documento de la Armada de México titulado Proyecto de inversión de infraestructura gubernamental. Construcción de Estaciones Navales Avanzadas, se señala que “para evitar que el personal destacado sea un blanco fácil para la delincuencia organizada, existe la necesidad de edificar instalaciones para el establecimiento de nueve Estaciones Navales Avanzadas, tres en el Río Hondo, tres en el Río Alto Usumacinta y tres en el Río Suchiate”, las cuales serán construidas en los próximos cinco años, con un costo aproximado de 169 millones de pesos. El material, el montaje y despliegue estará a cargo de contratistas norteamericanos que trabajan para el Pentágono. Aplicarán la técnica de construcción Ultimate Building Machine-Ubm, lo cual traducido al cristiano significa maquinaria de construcción de última generación. En columnas.ejecentral.com.mx/deordensuperior encontrará el lector este y otros textos del mismo autor.

El ejército en las calles es otro de los 10 temas de la agenda DH en 2009 del Centro Nacional de Comunicación Social, Cencos, www.cencos.org/es/node/22397/ cuyos contenidos esenciales se reproducen aquí: Ante la creciente inseguridad por el avance del crimen organizado, la militarización de la seguridad pública es la apuesta del Ejecutivo federal para proteger a las personas en México. Pese al discurso del “respeto irrestricto a los derechos humanos”, en los hechos van en ascenso las violaciones a los derechos fundamentales cometidas por elementos del ejército. Felipe Calderón afirmó en agosto pasado en su gobierno no se violan los derechos humanos, “y quienes señalen lo contrario, están obligados a probar un caso, un solo caso en que no haya actuado la autoridad, en que se hayan violado los derechos humanos, en que no hayan respondido las autoridades competentes para castigar a quienes hayan abusado de sus competencias legales: sean policías, sean soldados o cualquier otra autoridad.” Actualmente el ejército tiene autoridad legal para detener a personas señaladas de cometer algún delito cuando auxilia al ministerio fiscal y a la policía en la ejecución de una orden judicial o, al igual que todos los ciudadanos, si sorprende a un sospechoso en el momento en que comete un delito.

Amnistía Internacional/Sección México, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Fundar, Centro de Análisis e Investigación impulsaron el proyecto No Más Abusos, que monitoreó sistemáticamente entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2009 un total de 82 casos de abusos militares documentados por medios de comunicación… y en los que se vieron afectadas 387 personas. El ejército abrió 110 investigaciones que desembocaron en sólo 6 casos en los que se formularon acusaciones. En el primer semestre del año la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 559 quejas de abusos cometidos por el ejército, 1,230 en 2008, frente a sólo 367 en 2007 y 182 en 2006; en 2006 no hubo ninguna recomendación, en 2007 se emitieron siete, 14 en 2008 y 25 hasta octubre de 2009. Entre marzo de 2008 y septiembre de 2009, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua y una oficina municipal de presentación de quejas en Ciudad Juárez, plaza militarmente ocupada, recibieron más de 1,300 quejas de abusos por militares.

Otro de los aspectos cruciales del respeto de los derechos humanos vinculados al ejército y la impartición de justicia es la jurisdicción militar. En agosto pasado, la suprema resolvió que los elementos de las fuerzas armadas que cometan delitos que afecten a la población, como los relacionados con violaciones de derechos humanos, seguirán siendo juzgados por los tribunales militares, con lo que evadió los argumentos en el sentido de que el artículo 57 del Código de Justicia Militar, que permite que los militares sean juzgados por militares cuando hayan cometido delitos federales o locales que involucren a la población, viola lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero el 15 de diciembre pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Radilla Pacheco Vs México ordena al Estado mexicano reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar que contempla la jurisdicción militar en casos de delitos cometidos por militares en servicio en contra de civiles.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos reiteró que la jurisdicción militar debe tener un alcance mínimo en tiempos de paz, de carácter restrictivo y excepcional vinculado únicamente a las funciones propias de las fuerzas militares… la jurisdicción militar no es el fuero competente para conocer de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares, las cuales deben ser investigadas por la justicia ordinaria, lo que abre la puerta a que las violaciones a los derechos humanos por elementos militares encuentren justicia…. La participación del ejército en seguridad pública debe ser con medidas de control y asegurando el respeto irrestricto a los derechos humanos.

El boletín de Cencos de donde se tomaron estos datos incluye un epígrafe del cual lo menos que puede decirse es que ha sido acertadamente seleccionado: Un compromiso ineludible que contribuye el fortalecimiento del Estado de Derecho por parte de los servidores públicos encargados de la seguridad pública, es el respeto irrestricto a los derechos humanos. La seguridad es un derecho humano fundamental. Garantizarla es una de las tareas prioritarias del Estado y su cumplimiento es un indicador clave de su eficacia”. Programa Nacional de Seguridad Pública 2008-2012.

Degradar las fuerzas armadas al destinarlas a la represión del pueblo del cual provienen siempre será un ejercicio peligroso. rrb@red-ami.com