(AMI) Es digna de reconocimiento la capacidad del sistema para prostituir instituciones con su infiltración de lumpen y-o la lumpenización de cuadros alguna vez profesionales y dignos de respeto; el primer caso se ejemplifica con el fascistoide ¡diputado del PRD! Ariel Gómez León acusando de negros a los negros, y el otro con la lastimosa exhibición que de sus propias vergüenzas ha decidido hacer José Narro Céspedes al adherir el carácter autoritario del régimen, convalidando el injerencismo del tribunal federal electoral en el Partido del Trabajo.

Andrés Manuel no dice novedad pero sí verdad al negar que México sea el país de América Latina y el Caribe con mejor economía, como sostuvo el miércoles Felipe Calderón y el sargento Lozano permanece inmutable ante la acumulación de obreros del gremio electricista muertos en la misión de esquirolaje que les encomienda el despacho donde antaño se vigilaba la aplicación tutelar de la ley federal del ramo y hoy se maneja la guerra sucia contra la clase trabajadora, una realidad ante la cual, expresaron las organizaciones mexicanas participantes en el Foro Social Mundial de Porto Alegre que transcurre paralelo al complot de delincuentes trasnacionales en Davos, la única alternativa de movilización ante los abusos del capital es el fortalecimiento de la solidaridad entre los pobres del mundo.

Cómo dudar de la existencia de problemas idiomáticos en el juicio contra Arnaldo Otegi, líder de la izquierda independentista vasca, con Ixiar Galardi, Josune Irakulis, Jon Enparantza, y Estanis Etxaburu por denunciar la situación del preso político vasco Jose Mari Sagardui, que cumple 30 años en prisión donde la jueza Ángela Murillo habla de conslusionar la audiencia, en la misma vena en que el canciller Moratinos conjuga el verbo partertnizar y se refiere a los procesados con inquina equiparable a la del sargento Lozano sobre los sindicalistas de Luz y Fuerza, los consumidores de la CFE, o quienes defienden los derechos de estos cuando la empresa de clase mundial los mete a la cárcel al no poder pagar sus civilizadas tarifas.

Ortegi postuló un proceso democrático que resuelva el conflicto. “Por escenario democrático entendemos que todos podamos defender nuestros proyectos y hacerlos reales si así lo desea la mayoría. Demandamos condiciones de igualdad. Yo soy independentista vasco, no español, pero la izquierda abertzale se compromete a respetar lo que decida la mayoría. Y pedimos que, por reciprocidad, lo mismo haga todo el mundo”. En respuesta, la imaginativa señora Murillo, consecuente con su típica formación de barandilla, le preguntó si estaba dispuesto a condenar a ETA. Ortegui se abstuvo de responder y la funcionaria ironizó al respecto con su finura habitual con un sentido del humor muy en la trasatlántica escuela Calderón, en la cual se inscribe por cierto el descarado intervencionismo de Los Pinos en los temas del DF y los contubernios ordenados al poder judicial para anular al Zelaya descalificado por fox reprimido por calderón.

Según cifras recolectadas por organizaciones no gubernamentales, las quejas interpuestas por mujeres sobre violaciones a los derechos humanos perpetradas por las fuerzas federales de seguridad en el Estado de Chihuahua han crecido exponencialmente en los últimos tres años, de acuerdo con el memorándum enviado el miércoles 27 de enero al congreso gringo por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, cuya sigla en inglés es WOLA, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, CEDEHM, y Gustavo de la Rosa, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua*.

Según la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, en 2007 el organismo solamente recibió tres quejas contra el ejército y ninguna de estas por mujeres. En 2008 el número creció a 162, 88 interpuestas por mujeres y 74 por varones. Y para 2009, tan sólo en los primeros 10 meses, la comisión recibió 149 quejas contra el ejército; 78 formuladas por mujeres y 71 por hombres. En abril de 2008 el gobierno federal lanzó el Operativo Conjunto Chihuahua, a cargo de unos 8,000 policías y soldados. “Fue obvio que el gobierno no previó cómo la presencia masiva de fuerzas federales de seguridad afectaría a la población femenina de por sí vulnerable en el Estado,” dice Lucha Castro, coordinadora del CEDEHM, quien especifica: “Ahora hay que encontrar la manera de proteger a esta población que está quedando particularmente expuesta a abusos”.

Las quejas de las mujeres en Chihuahua incluyen todo tipo de abusos: violencia física y sexual, desaparición y asesinato, pero además “las mujeres son las principales testigos de cómo los soldados entran a sus casas y se llevan a sus hijos o maridos sin una orden de aprehensión, y recae en ellas la responsabilidad de buscarlos”, dice Gustavo de la Rosa, visitador en la oficina de Ciudad Juárez de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua, quien reflexiona que “a consecuencia de sus protestas contra estos abusos, muchas mujeres han puesto su seguridad a riesgo”, dice de la Rosa. En ciertos casos se puede identificar a los perpetradores de estos abusos, como en los de acoso sexual contra mujeres en los retenes del ejército y de la policía federal. En otros, como 12 que conoce el CEDEHM de violaciones a mujeres, esto es más difícil, pues la queja es en contra de hombres armados que no se sabe si pertenecían al ejército, a la policía o a los grupos de la delincuencia organizada.

El memorándum plantea al congreso de EU, que ha aprobado fondos sustanciales para ser destinados a las fuerzas de seguridad mexicanas dentro de la denominada Iniciativa Mérida, la cual traduce a la circunstancia mexicana la fórmula contrainsurgente del Plan Colombia: “Es indispensable que… se aseguren de que nuestra asistencia en materia de seguridad no posibilite abusos como los descritos en el memorándum,” explica Maureen Meyer, Coordinadora del WOLA. En el mismo contexto, Human Rights Watch pidió al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promover las reformas necesarias para garantizar que los abusos militares contra civiles sean investigados, sancionados y juzgados por las autoridades civiles.

Finalmente, haría bien Manuel Zelaya (a quien le gustaba ser llamado “el Fox hondureño”) antes de permitir que se siga diciendo que se asilará en México, en recordar que su personaje inolvidable dijo que lo hubiera pensado mil veces antes de darle asilo político, en caso de haber sido destituido cuando él (Fox) era presidente de México; y que la escolta militar de Felipe Calderón le impidió hablar con los medios al término del mismo viaje en que se le ocurrió (a Zelaya) decir: “En estos países es mejor sentirse presidente que serlo y eso se lo digo a López Obrador que está escuchando.” Sentido común, presidente.

*www.redtdt.org.mx