Barcelona, Cataluyna.- En nuestro país se administran dos figuras jurídicas para operar estaciones de radio y televisión: concesión o permiso.

La primera se diferencia de la segunda que permite, según el título, explotar comercialmente la frecuencia; es decir, comercializar la señal vendiendo anuncios.

Desgraciadamente, como en muchas otras industrias, la ley está bien redactada y deja muy claro cuáles son las reglas del juego, pero no se respetan. En este caso, las propias autoridades son las que violan los ordenamientos jurídicos.

Muchos de los directivos de emisoras de radio y televisión que operan bajo el régimen de permisos comercializan sus señales, pisoteando el espíritu de las normas vigentes.

El tema permite una gran discusión, pero en realidad este asunto lo han sabido explotar los detractores de los medios electrónicos de comunicación argumentando que ya es momento que los “permisionados” entren en una sana competencia con los radiodifusores comerciales.

Lo que olvidan los que están por la afirmativa de la comercialización de los medios que operan sin concesión, es que los “permisionados” reciben dinero para operar las frecuencias.

Estas líneas no tienen el propósito de defender a la radio y a la televisión comercial, que sin duda puede mejorar en contenidos y en propuestas inteligentes para la sociedad, sino para persuadir a las autoridades a que doten de mayor financiamiento a los medios públicos. Es un respetuoso llamado al Poder Ejecutivo que propone el gasto cada año en San Lázaro; a los gobernadores que hacen lo mismo en sus congresos y los diputados, tanto federales como locales, para que doten de suficientes recursos a sus arterias comunicantes.

Durante una visita a la familia, por estas latitudes, fuimos testigos de la transmisión del último anuncio publicitario por la Uno, de Televisión Española, minutos antes de que concluyera el 2009.

El 1 de enero de 2007 nació la Corporación RTVE. El Parlamento español aprobó la constitución de esta entidad que gestiona la radio y televisión pública aquí en España.

Según la ley de la radio y la televisión española de titularidad estatal, la Corporación tiene la gestión del servicio público de los medios electrónicos de comunicación. Es una sociedad mercantil estatal con especial autonomía e independencia del Gobierno y de la Administración General del Estado que ejerce sus funciones mediante Televisión Española y Radio Nacional de España. Su administración y gobierno, en virtud del artículo 9, punto 2, corresponde a un Consejo de Administración que desarrolla sus funciones ejecutivas a través de su Presidente, Alberto Oliart.

Ahora la apuesta es por la calidad, la participación ciudadana y por la producción propia.

Eso sí, para lograrlo, se creó una ley, denominada de Financiación (Financiamiento), que establece una partida de mil 200 millones de euros.

En México, lo que necesitamos, para transitar a la era digital y revivir a las radio y teles públicas es dinero. Dinero que vendrá de nuestros impuestos, porque ese dinero será muy bien gastado para escuchar y ver emisiones de calidad cultural, apostando siempre por la veracidad, neutralidad e imparcialidad como criterios profesionales.

Los privados que instalen, operen y exploten; los públicos que instalen, operen y ofrezcan contenidos inteligentes, como por cierto ya se hace, y muy bien, en muchas entidades de la República, como muy poca lana, pero con gran entusiasmo y profesionalismo.

El que escribe, si bien es radiodifusor, es hijo del director general fundador del Instituto Mexicano de la Radio (IMER) y creyente de la radio y la televisión de Estado, que hay que rescatar de una vez por todas.

Propongo, respetado lector de Rumbo de México, que luchemos en este todavía naciente 2010 para que los medios públicos se fortalezcan, tengan mucho dinero y no tengan que estar compitiendo con la radio y televisión comercial, que tienen fines completamente distintos.

gustavo@libertas.com.mx