(AMI) Un expresidente de alguna de las autonomías españolas dijo recientemente que nunca se le ocurriría aceptar el mandato ciudadano en sus decisiones de gobierno y Manlio Fabio Beltrones, que sería un despropósito insistir en dar a conocer a la opinión pública los pormenores del encuentro legislativo con el denominado gabinete de seguridad nacional. Nítido consenso de que la voluntad de los electores vale para la burocracia lo mismo que las promesas de campaña de Felipe Calderón. Ni el papel donde se escribieron.

En dicha realidad o lo que es lo mismo, a migad del naufragio en las encrespadas aguas de la recesión magnificada por la vocación a la mentira y el cinismo del gobierno en turno, se advierte lo atinado del comentario editorial del diario La Jornada sábado, que ante el anuncio del nuevo encarecimiento de las gasolinas y el diesel, segundo en lo que va del año y cuarto en menos de seis semanas, recomienda vías alternas al mandatario, como “la aplicación de planes de austeridad en el gobierno, así como la adopción de una política fiscal justa y equilibrada, que cobre impuestos a las empresas que hoy no los pagan, según ha reconocido el propio Felipe Calderón.”

En Querétaro, durante la celebración de 93 años del texto constitucional, el propio Calderón dice suscribir la propuesta de nuevo pacto social hecha por legisladores del PRI y el PRD, el lobo y el cordero ni más ni menos, en una evidente intención de deslizar por ahí su iniciativa de reforma política como llama a la estrategia diseñada en búsqueda de hacer factible la permanencia de la antipatria en el gobierno. Leonel Godoy, presidente en turno de la Conferencia Nacional de Gobernadores advierte que los derechos sociales, las garantías individuales, las garantías procesales, los derechos políticos y la división de poderes no deben modificarse, pues, dice, los grandes retos nacionales, como la pobreza, la democracia, la seguridad y la independencia, se enfrentan mejor acatando la legalidad, lo que implica el respeto a la Constitución; Carlos Navarrete, presidente del Senado, rechaza que como dijo Calderón haya parálisis legislativa. En el Cerro de las Campanas donde el 19 de junio de 1867 fueron fusilados el usurpador Maximiliano de Habsburgo y los traidores Miramón y Mejía, Martín Esparza Flores y Francisco Hernández Juárez, líderes de los sindicatos de electricistas y telefonistas, inician los trabajos del congreso hacia un nuevo constituyente, con la participación de más de mil integrantes de diversos sindicatos y organizaciones obreras, y coinciden en la necesidad de aglutinar en un frente nacional a las diversas tendencias de lo que aquí llamamos izquierda.

Clemente Ávila, secretario nacional de asuntos juveniles del PRD, demanda a las autoridades federales no criminalizar a los jóvenes como tácitamente hizo Felipe Calderón en sus brutales pronunciamientos a propósito del asesinato de 16 de ellos en Ciudad Juárez. “Reprobamos tajantemente que se pretenda culpar a las víctimas para exonerar de sus fallas a las autoridades… exigimos al gobierno federal un cambio de estrategia para combatir la delincuencia. ¡Exigimos la desaparición de poderes en Ciudad Juárez por la ineptitud de todas sus autoridades!”. Acerca de la renuencia oficial a reconocer sus errores en los procesos ministeriales contra los funcionarios michoacanos excarcelados, la construcción de delitos no debe ni puede ser la vía digna de aprobación, reflexionó “y menos en un caso como en el que se estaba presentando de manera totalmente diferenciada a como se había hecho en otros Estados de la República. Hasta hoy, ustedes han podido observar el grado de penetración que el crimen organizado tiene en el estado de Morelos y la forma diferenciada en la que el gobierno federal actuó con dos gobiernos constitucionalmente electos. Para la autoridad federal todos son culpables hasta que se demuestre su inocencia. Insistimos en que la procuraduría federal debe presentar disculpas públicas a estos funcionarios”. En el mismo tema Luz Dávila, quien perdió a sus dos únicos hijos en el ataque perpetrado en Villas de Salvárcar el 31 de enero pasado, exige a Felipe Calderón que se retracte de vincular la masacre a la lucha entre pandilleros, y anuncia que los deudos buscarán apoyo de instituciones internacionales para que los tres niveles de gobierno intensifiquen la investigación y encuentren a los asesinos; Humberto Moreira Valdés, gobernador coahuilense, llama al ejecutivo federal a replantear la estrategia de seguridad.

Disfrazado de soldado, Calderón recorre la zona de michoacana-mexiquense-capitalina derivada de nueve años de falta de mantenimiento a la red hidráulica nacional y culpa a los gobiernos estatales de la indolencia de la administración federal. Martín Esparza, dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, dice que las inundaciones en el Distrito Federal y el Estado de México se deben a los constantes cortes en el suministro de energía eléctrica, fuente necesaria para el bombeo del sistema de aguas y el drenaje profundo por la “clara impericia” de la Comisión Federal de Electriciad y de las empresas que ha subcontratado para hacer frente a las labores que realizaban los 44 mil empleados de la extinta Luz y Fuerza del Centro. “Es evidente la irresponsabilidad del gobierno federal; existe una afectación severa que ha provocado las inundaciones. Lo único que podemos ratificar, como electricistas, es que no les interesan los problemas de los ciudadanos”. Marcelo Ebrard pide la declaratoria de zona de desastre para las colonias inundadas de las delegaciones Venustiano Carranza, Iztapalapa y Gustavo A. Madero, para acopiar más recursos, apoyar a las familias afectadas y emprender necesarias obras de infraestructura hidráulica.

Entre la Violencia y la Indiferencia: Informe de Agresiones contra la Libertad de Expresión en México, será presentado el miércoles 10 de febrero por el Centro Nacional de Comunicación Social, Cencos, y la oficina para México y Centroamérica de la ONG británica Artículo 19. Condenamos la violencia, aportamos soluciones, se titula el comunicado del Instituto para la seguridad y la democracia, Insyde, según el cual México está sitiado por una concepción policial de la violencia que no permite la apropiación oficial de paradigmas modernos y democráticos de prevención, razón por la cual dicha ONG llama a los actores políticos y a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno a modificar la ruta con acciones que reconozcan la gravedad de la situación y centralicen en su agenda política y de gobierno la construcción de políticas públicas en materia de violencia integrales, democráticas, informadas, participativas y sujetas a mecanismos públicos de rendición de cuentas. Mañana martes hablaremos de eso. rrb@red-ami.com