(AMI) “Lo que necesita la gente es una ruta cierta para superar el estado de violencia”, dice con razón Porfirio Muñoz Ledo ante el gesto del gobernador de Chihuahua de trasladar los poderes a Ciudad Juárez, exigir a Calderón un paseíllo luctuoso por la plaza devastada por la acción conjunta de delincuentes, policías y militares, y anunciar su deseo de administrar los tres mil millones de pesos que el ejecutivo federal ha dicho que destinará al respectivo programa de rescate social. La otra gran escenificación de cinismo a todo trapo es la de la seudoizquierda proclamando vasallaje electoral al PAN.

Lo primero que Calderón debiera hacer, puntualiza Muñoz Ledo, es admitir que su guerra contra el crimen organizado fracasó, la violencia crece y nada la frena. La violencia que los medios de comunicación reportan crece y se diversifica de manera acelerada. Según El Universal, enero de 2010 fue el mes más violento de los últimos cinco años, con 933 ejecutados. La otra violencia, la que no llega a los medios, también crece y se diversifica, según se desprende de las centenas de testimonios acopiados por el Instituto para la Seguridad y la Democracia, Insyde, y otras organizaciones de la sociedad civil, así como de estudios empíricos realizados desde el sector académico.

Isyde, en un documento informativo que se titula Condenamos la violencia, aportamos soluciones, y difundido por Cencos afirma no tener noticias de evaluaciones técnicas del gobierno federal o del sistema nacional de seguridad pública con datos suficientes para saber de qué está hecha la violencia a lo largo del país. Un conocido teorema expresa que cuando un problema no se conoce bien, tampoco puede resolverse. Tampoco tiene noticia de la diseminación de modelos de política pública entre los municipios y las entidades federativas, que impliquen marcos teóricos, plataformas metodológicas e información empírica suficiente para entender y abordar la violencia desde una perspectiva compleja y multidimensional. Una evidencia de la debilidad metodológica crónica y masiva es que no se oye a las y los alcaldes y gobernadores mencionar el concepto de “factores de riesgo”, que está en la base de la fórmula devaluatoria contemporáneo de la violencia.

México, sigue diciendo Insyde, está sitiado por una concepción policial de la violencia que inhibe la apropiación oficial de paradigmas modernos y democráticos para su prevención. El régimen dice que la violencia debe ser enfrentada de manera integral, pero no existe ni un solo caso, evaluado por actor especializado independiente alguno, que certifique la implantación de una experiencia integral exitosa o al menos promisoria de prevención de la violencia. Por su parte, los medios de comunicación en general no disponen de plataformas de profesionalización que les orienten hacia formatos de cobertura equilibrados y socialmente útiles, lo que les lleva al alarmismo y la sobreexposición de la violencia, tal como muestra el estudio dado a conocer por Ciudadanos en Medios, Democracia e Información, AC, (El Universal, 1º de febrero de 2010); no hay indicios de resultados positivos de esfuerzos de la sociedad civil organizada y el sector académico encaminados a informar la toma de decisiones en las instituciones públicas en materia de prevención de la violencia; ni información que certifique la difusión regular y amplia de esfuerzos comunitarios en la prevención de la violencia. En el sector oficial y en el independiente pueden apreciarse esfuerzos extraordinarios para prevenir la violencia y aplicar las consecuencias legales contra quienes la ejercen, pero esos esfuerzos son aislados y de corto plazo, por lo cual no echan raíces en diseños de política pública normativos e institucionales, y tampoco en modelos de participación social consistentes y duraderos.

La más dañina de todas las opciones en este momento es seguir por el mismo camino. Por eso, Insyde llama a los actores políticos y a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, a modificar la ruta con acciones que: a) Reconozcan la gravedad de la situación y se pronuncien por la no violencia; b) encabecen la indignación contra quienes ejercen la violencia ilegítima; c) centralicen en su agenda política y de gobierno la construcción de políticas públicas en materia de violencia democráticas, informadas, participativas y sujetas a mecanismos públicos de rendición de cuentas; d) diseñen y ejecuten programas de trabajo que articulen la conducción política e institucional con la participación de actores independientes especializados, acercando así el conocimiento de frontera a la toma de decisiones; e) propicien, y no obstaculicen, el desarrollo de mecanismos autónomos de reconstrucción del tejido social hacia la no violencia; f) se comprometan en tareas específicas en la imperiosa construcción colectiva de un espacio público democrático, donde prevalezcan el interés público, la legalidad, el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos y la resolución integral de conflictos.

Tras congregarse en el parque de la colonia, decenas de padres y familiares de los jóvenes y adultos asesinados el 31 de enero, acompañados por estudiantes y miembros del Comité Juvenil Universitario Contra la Represión y otras organizaciones sociales, exigieron la renuncia de Felipe Calderón, por considerar que “no puede con el cargo, pero sí convive con altos dignatarios y come con emperadores, dándose tiempo para declarar que ‘unos matan a otros porque andan mal en la vida’, sin saber quiénes son las víctimas ni a qué se dedican,” dice la nota que con información de Ulises Gutiérrez, y firmada por Rubén Villalpando en La Jornada de ayer domingo, informa las pancartas decían: “Calderón, hipócrita, inútil y farsante.” Desde Hermosillo, Sonora, los padres y familiares de los 49 niños muertos y decenas de heridos por el incendio de la guardería ABC, agrupados en el Movimiento Ciudadano 5 de Junio por la Justicia, se solidarizaron con los deudos juarenses. Consideraron que ambos casos “son resultado de un Estado fallido que criminaliza a las víctimas del delito”.

En España el juez Baltasar Garzón es llevado, dice Ángeles Vázquez, al banquillo de los acusados por haber osado abrir la primera causa penal contra los crímenes del franquismo y el partido popular chisporrotea como Carmen Miranda en película gringa, cuando la trama Gürtel suma otros cinco imputados en EU encabezados por Ana Karlota Figueroa como enlace de Francisco Correa, cabecilla de la banda corrupta, con la criminalidad financiera de Miami, la sede del gang Mass Canosa. Y a todas las cinco columnas que el formato tabloide destina a la nota principal, la edición dominical del diario Pueblo cabecea: Ciudad Juárez se rebela contra la violencia, un magnífico servicio informativo firmado por Merce Cabanas que usted puede leer en la página 14 de la edición impresa, o bien en www.publico.es donde, por cierto, Izquierda Unida recuerda que la amnistía no hace impune al franquismo. Teóricamente, al menos… rrb@red-ami.com