(AMI)

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unca en la historia de México nadie de quienes han estado a cargo del ejecutivo federal había tenido que negar complicidad con la delincuencia, como debió hacer Calderón el miércoles 24 de febrero; en el contexto Zedillo y Salinas exhiben su vocación de latrocinio; sin que nadie les crea, niegan la Casa Blanca y Los Pinos complicidad infractora de la soberanía mexicana; se avizora el río revuelto de la reforma política e impresiona la capacidad corruptora del PAN simbiotizada con la proclividad corruptible del PRD y otras excrecencias mínimas del sistema de partidos; en el colmo del cretinismo declaracionista la procuraduría federal dice temer que los mineros compren droga si libera sus cuentas bancarias. Además…

Baltasar Garzón, que además de sus causas contra Pinochet y otros delincuentes trasnacionales también ha servido al mesianismo injerencista de la monarquía española es hoy víctima de una persecución judicial al servicio de las organizaciones ultraderechistas Manos Limpias, La Falange y Dignidad e Identidad, que le acusan de prevaricación en su investigación de los crímenes del franquismo. La fiscalía ha pedido el sobreseimiento del caso y la respuesta del juez ha sido abrir un tercer proceso contra el imputado, aparentemente constituido en víctima propiciatoria ante el ala más radical de los herederos políticos del soldado traidor a la República que hoy gobiernan desde la monarquía reinstaurada por el caudillo fascista.

Un indicador de reveladora elocuencia es que el Tribunal Supremo haya admitido a trámite una querella por prevaricación del abogado de un empresario imputado en el caso Gürtel contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, por ordenar la grabación de las comunicaciones en prisión de los cabecillas de la trama con sus defensores y, de acuerdo con Javier Pradera en El País, “la descentralizada instrucción en paralelo del caso Gürtel por los Tribunales Superiores de Madrid, de Valencia y por el Supremo no hace sino confirmar los temores a la disfuncionalidad operativa provocada por el desfile de aforados del PP (diputados autonómicos madrileños y valencianos, el presidente de la Generalitat de Valencia, un diputado y un senador de las Cortes Generales) implicados en los negocios corruptos de la banda político-mafiosa de Francisco Correa y sus secuaces. Si a esa centrifugación sumarial se une el obstruccionismo de algunas defensas letradas, el barrizal procesal resultante puede impedir el juego limpio y hasta hacer encallar la acción de la justicia.” Si el lector encuentra excesiva afinidad en los vicios de los sistemas judiciales español y mexicano recuerde que al primero de ellos corresponde la paternidad del segundo y que los gobiernos neoliberales iniciados con Miguel de la Madrid son lo más parecido al franquismo, del cual nunca han dejado de partners como acostumbra decir el canciller Moratinos.

En EU el diario Los Ángeles Times ha suscrito un editorial en defensa de Garzón cuya persecución de criminales “sin importar la ideología o enfoque político” encomia y lamenta “la politización del sistema legal español con este caso y la precipitación con la que se están sucediendo las cosas”. Un grupo de juristas españoles ha pedido a la ONU que asuma la defensa del juez y presentaron una denuncia ante la Relatora de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados. Denuncian que la causa contra Garzón “constituye una grave vulneración de su independencia” y hablan de maniobra política.

Los funcionarios del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, el de Garzón, han hecho público un manifiesto en apoyo al juez donde dicen no entender la “crítica permanente” que sufre. Amnistía Internacional también ha salido en defensa de Garzón y de su investigación. Y consideran esta situación “paradójica” e “inédita a nivel mundial”. Si el juez tuviera que sentarse en el banquillo y abandonar su puesto “sintetizaría el extremo desprecio a los derechos de las víctimas”. Artistas e intelectuales entre los que están José Saramago, Ernesto Sábato, Pilar Bardem, Cristina Almeida, Manuel Rivas, Ian Gibson o Suso del Toro también lanzaron un manifiesto en apoyo a la actuación del juez cuando se conoció su posible inhabilitación. En el lamentan “el desproporcionado ataque” a su labor desde diferentes ámbitos.

El escritor Juan Gelman pregunta: “¿A proceso por su intento de juzgar crímenes de lesa humanidad? ¿Lo castigan por su desvelamiento de la oscura trama de corrupción tejida por personalidades de un partido político?” Jueces por la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales consideran que este proceso supone “criminalizar la discrepancia jurídica”. Para el exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo “la extrema derecha española ha conseguido poner a su servicio a una parte de la magistratura” movida por el “recelo, de envidia, de venganza”. Y Juan Antonio Martín Pallín, juez del Tribunal Supremo, asegura que la admisión a trámite de las querellas por prevaricación contra Garzón puede responder “a la existencia de un espíritu de revancha“.

En México el juez Rodolfo Pedraza Longhi tuvo ante sí la oportunidad de restituir los derechos de Teresa González y Alberta Alcántara pese Alberta y Teresa y devolverles su libertad, pero el 19 de febrero de 2010 decidió de nueva cuenta convalidar las irregularidades existentes en la acusación de la procuraduría federal y condenarlas a 21 años de prisión. Pretende así revestir de legalidad la burda fabricación de un delito tan grave como el secuestro de seis rombos federales en vez de sancionarles por el abuso de autoridad en marzo de 2006 en Santiago Mexquititlán, se criminaliza a dos mujeres indígenas. El Centro Prodh, el Centro de Derechos Humanos Fray Jacobo Daciano y Amnistía Internacional, entre muchas ONG, exigen a las autoridades que se restaure el Estado de Derecho y se libere sin condiciones a Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio.

Ya hay más de 50 millones 600 mil pobres en México, dice el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, dato que se antoja de excesiva austeridad; el GDF ha entregado 3,665 órdenes de pago por daños a personas afectadas por las lluvias del 3 y el 4 de febrero en la colonia El Arenal; sólo restan 599, de éstas, 111 tienen alguna irregularidad en el nombre o apellido y 488 están pendientes porque no se han encontrado a los afectados; la orden de pago más baja asciende a cinco mil pesos. La persona que menos apoyo recibió en efectivo fue de 9,500 pesos, por los apoyos del DIF-DF, Invi y delegación; y de 4,306 damnificados, únicamente 33 lo rechazaron por considerar que la cantidad del seguro no era suficiente y tres dijeron que no habían tenido afectaciones, por lo tanto no lo querían. rrb@red-ami.com