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ndrés Manuel tiene razón, si los legisladores del PRIAN realmente se preocupasen por México, en vez del circo que ahora da pie ¡a Calderón! para llamar a buenas maneras políticas, debieron derogar la Ley de Ingresos 2010, a fin de cuentas producto de la alianza perversa denunciada por unos y admitida por todos. Pero evidentemente lo que menos preocupa a estos aguerridos practicantes del chantaje y beneficiarios del soborno, es el interés de la sociedad.

Protagonista de primer nivel, el jefe del gabinete federal, secretario Gómez Montt, insiste en ratificar su firme convicción de que no hay gobierno y por tanto, tampoco gobernabilidad. O eso se infiere de sus declaraciones, ni escasas ni opacas, por cierto, entre ellas su puntualización de que no se someterá a la prueba del polígrafo, pues nadie lo ha acusado de mentiroso. Ex officio es una expresión latina que significa por virtud del oficio o cargo de uno. Confiere la membresía por derecho en ciertas instancias. También se refiere al cargo de uno. Ninguna de cuyas acepciones consideró para el caso el conocido litigante. En lo que no da ni tregua ni cuartel, como acostumbra decir su redundante jefezuelo, es en aquello de la gobernabilidad que ya ha descubierto preferible en su versión de largo plazo… siempre que sea posible. Atienda usted al imaginativo y diversificado discurso:

“Fue un acuerdo para construir gobernabilidad, con lo que implica generar condiciones para que los políticos puedan entenderse y construir acuerdos que den viabilidad a la gobernabilidad” [ ] “Fue un acuerdo para construir gobernabilidad en el país, con todo lo que implica: tratar de generar condiciones para que los políticos puedan entenderse entre sí y construir acuerdos que le den viabilidad a la gobernabilidad en el país” [ ] “Fue un acuerdo para construir gobernabilidad, con lo que implica generar condiciones para que los políticos puedan entenderse y construir acuerdos que den viabilidad a la gobernabilidad” [ ] “Los acuerdos son para construir gobernabilidad, y la gobernabilidad engloba muchos procesos” y la cereza del pastel, a condición de poder descifrarla, lo cual en lo personal no he conseguido pues carezco de experiencia en eso de descifrar cerezas: “la diferencia entre el autoritarismo y el pasaje a la democracia es la misma que hay entre el cinismo y la hipocresía… la hipocresía es la mejor aliada de la reforma”

A propósito de lo cual, la propuesta de Reforma Política de Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, entregada el jueves pasado al Senado hace suyo en lo esencial el esquema de la originalmente presentada por Felipe Calderón y entusiastamente celebrada por los scouts del joven Nava: Reducir a 400 los actuales 500 diputados y a 96 los 128 senadores del congreso federal, con la reelección de diputados federales y locales hasta por dos periodos; la segunda vuelta electoral en los comicios presidenciales y las candidaturas independientes e iniciativa preferente.

En la versión del 60% del binomio PRIAN sobre el tema llaman la atención una no muy clara escala para medir niveles de contundencia en lo concerniente a la suspensión de las garantías individuales, el concepto de los gobiernos de coalición, el ces y sustitución en funciones del presidente de la República, no solo en caso de emergencia de alto riesgo sino también por incapacidad para ejercer el cargo y la municipalización de la actual estructura delegacional del Distrito Federal, exactamente dentro del esquema impulsado por el GDF para dotar alimentación fiscal al gobierno de la entidad política y económicamente más importante del país. Interesante, asimismo, lo concerniente en retirar al poder judicial de la tarea legislativa y transferir su función investigadora a la CDNDH; máxime cuando en su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo el Departamento de Estado gringo reporta que en México aumentaron los casos de detención arbitraria y trato cruel e inhumano, así como las desapariciones y otros abusos graves, mientras prevalece la impunidad, aun en casos de alto perfil como el de San Salvador Atenco y otros en comunidades en Guerrero y Oaxaca. En el mismo tema, la Cámara de Diputados aprobó un exhorto al Poder Judicial de la Federación y a tribunales de Querétaro para la exoneración y liberación de las indígenas Teresa Alcántara Juan y Alberta González Cornelio, a quienes se les han violado sus derechos humanos en el contexto de la acusación de secuestro de agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación, “un delito que nunca pudieron cometer”.

Y una vez más, informa en La Jornada Patricia Muñoz Ríos, líderes de centrales sindicales de Brasil, Argentina, España, Puerto Rico, Venezuela e India, entre otras naciones, afirmaron que contra la tradición mexicana del estado de derecho y respeto de las leyes, pel gobierno de Felipe Calderón “está tomando acciones de tipo fascista contra los obreros del país, y ha emprendido cacería de organizaciones democráticas, como sólo se ve en algunas dictaduras”; el presidente de la Federación Sindical Mundial (que afilia gremios de América Latina, Europa, Asia y África), Valentín Pacho, definió la ocupación militar de los centros de trabajo de los electricistas como “acciones de facto de un gobierno que se dice democrático” y alertó sobre una posible represión y baño de sangre contra estos trabajadores, cuando el próximo 16 de marzo coloquen banderas de huelga en las unidades de LyFC. http://www.jornada.unam.mx/texto/017n1pol.htm Todo lo cual cabe en el panorama descrito por el economista Julio Bolvitnik de un país donde se gobierna para que aumente la pobreza y persistan monopolios.

En promedio 1,200 mujeres mueren víctimas de feminicidio al año y “la única paz que ofrece el Estado mexicano es la paz de los sepulcros”, afirma Carmen Huete del colectivo Mujeres sin miedo durante el foro Criminalización de la protesta el cuerpo de la mujer como botín de guerra organizado por Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), la fundación Rosa Luxemburgo y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Desde el caso de San Salvador Atenco en que ha documentado casos de 26 mujeres vejadas por elementos de la policía federal, hasta los 3000 casos de trata de mujeres en Tlaxcala y el feminicidio en Ciudad Juárez, que se comenzó a registrar a partir de 1993 y comenzó a desdibujarse desde de que comenzó el Operativo conjunto Chihuahua y la cifra de ejecutados creció en 2008-2009 a 6500, el 35% pertenece justamente a Ciudad Juárez. Usted encontrará este texto de indignante pero necesaria lectura en http://cencos.org/es/node/22953

Usted disculpará, lector, la ausencia de buenas noticias. No se ven muchas. rrb@ed-ami.com