(AMI)

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yer martes, la policía federal gaseó guarderías en el DF, reprimió trabajadores que reclaman la violación de sus derechos y protegió a Calderón de la estúpida persistencia de madres, padres, hermanos, novias, esposos y esposas de los muertos de Juárez. La policía capitalina rescató a los niños y en diez estados, simpatizantes del sindicato mexicano de electricistas reiteraron su rechazo al autoritarismo del régimen.

Calderón no disfrutó su mejor jornada fronteriza pues cuando Genaro García Luna expuso su triunfalista visión de una Ciudad Juárez donde los asesinatos habrían disminuido su abultada estadíst5ica en 40%, tema que ya habían abordado con similar orientación el procurador federal y el secretario de la Reforma Agraria metido a coordinador de programas represores, Arturo Valenzuela, titular de la mesa ciudadana de seguridad, afirmó que los números no coinciden con la percepción ciudadana ni con los 500 homicidios contabilizados en lo que va del año y superan los del anterior. Miguel García, representante ciudadano en la mesa de seguridad, preguntó al ejecutivo federal: “¿Es posible ganar la guerra así como está planteada? Porque ni el ejército más poderoso del mundo ha podido, cuando se combate en terrenos urbanos, salir con éxito. Irak está entre otros ejemplos. ¿Es posible replantear esta lucha después de 15 mil asesinatos en México y cinco mil en Ciudad Juárez?, Nuestra ciudad sigue en llamas, sigue ardiendo, los empleos se siguen perdiendo, los jueces siguen liberando delincuentes.”

Olga Rosa Ortiz lo secundó, dice la crónica de Claudia Herrera Beltrán en La Jornada, e hizo ver que cada hay más noticias de secuestros, asesinatos, amenazas y violaciones de los derechos humanos por parte de la policía y del Ejército, y puso el ejemplo de unos estudiantes que fueron salvajemente golpeados por militares y agentes. La sociedad, dijo la sicóloga Guadalupe Díaz Rodríguez, “está enferma, no de adicciones, sino de depresión, de ansiedad, de angustia, de paranoia, de no saber si cuando salimos de nuestra casa vamos a regresar”. Hugo Almada: “Tenemos 4 mil muertos sin rostro, 10 mil niños huérfanos, 40 mil familiares de personas ejecutadas, muchísimas personas torturadas, lo que nos tiene en una situación de miedo, de pánico y de estrés muy agudo. Si no queremos que nuestra sociedad se acabe de enfermar más necesita priorizarse” una solución.

El séquito burocrático de Calderón no pudo ir más allá de algunos inconsistentes alegatos en sus naturales niveles de dotación y rendimiento neuronal, balbuceos más o menos incoherentes ante la razonada exposición de los representantes de una sociedad ofendida que precisó: “Juárez es más que un botín electoral”. Tampoco faltó contundencia al mandatario al reiterar que el ejército y su fauna de acompañamiento permanecerán en la plaza. Y eso que Janet Napolitano, la encargada de la seguridad nacional en el gabinete de Obama, fue muy clara al declarar que el brazo militar del gobierno de Calderón no ha servido más que un pepino serenado para cerrar el paso a la violencia en Ciudad Juárez, como argumento central de su rechazo al pedimento del gobernador texano de mandar tropas a la frontera con México, donde ya están FBI, DEA y otras cinco agencias de seguridad del gobierno gringo para conducir las investigaciones de la muerte de la empleada de su consulado en la ciudad mártir.

En otros temas, el Programa Nacional de Reducción del Gasto Público propone una disminución del gasto gubernamental de 40,100 millones de pesos de 2010 a 2012 para financiar programas prioritarios del gobierno federal; para el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Luis Videgaray, el programa “está totalmente por debajo de las expectativas, pues durante 2009 la Cámara de Diputados logró reducir en 42 mil millones de pesos su gasto únicamente en tres rubros, mientras el gobierno propone disminuir el suyo en 40,100 millones para el resto de la administración”; el diputado del PT Mario Di Costanzo dijo a su vez: “Este plan de austeridad es una burla, ya que equivale a 13,300 millones de pesos al año, lo que no es ni lo que anualmente el gobierno federal eroga en el seguro de gastos médicos mayores o en el seguro de separación individualizado de los funcionarios públicos”. El perredista Armando Ríos Piter, secretario de la Comisión de Hacienda, calificó de burla “el supuesto ahorro, cuando vemos que las filas de la alta burocracia se engrosan sin medida y pudor. Sólo en Hacienda se crean posiciones de direcciones generales que no tienen razón de ser, pero cubren puestos para influencias y relaciones personales de los funcionarios panistas”. A propósito de lo cual, el PAN DF en la línea del PP de Esperanza Aguirre en Madrid, insiste en dotar horarios nocturnos prácticamente abiertos a sitios donde se venden bebidas alcohólicas.

Amnistía Internacional acusa al gobierno federal de utilizar indebidamente el sistema de justicia para detener a tres líderes comunitarios que protestaron contra los altos precios de la electricidad en el Estado de Campeche y así declaró presos de conciencia a Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borja, de la Red Nacional Contra las Altas Tarifas Eléctricas.

Los tres manifestantes fueron detenidos en julio de 2009 por su participación en el grupo. Amnistía Internacional ha exigido que las autoridades los liberen inmediata e incondicionalmente.

El Centro de Internamiento y Adaptación de Adolescentes Infractores de Monterrey alberga a 56 jóvenes, algunos de 18 años, y otros menores de esa edad. El 27 de febrero, casi 80 guardias de una prisión de adultos llegaron ahí para hacer una inspección en busca de armas blancas y drogas. Fue denunciado ante organizaciones locales de derechos humanos que los hostigaron con perros policías, los ataron y los golpearon. El 1 de marzo la hazaña fue repetida, esta vez por elementos del centro de detención y pese a amenazas, se presentaron 18 denuncias formales. En 1999, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, llevó a cabo una investigación sobre incidentes de tortura en una prisión de adultos cerca de Monterrey, Nuevo León, y pidió que se investigara a varios funcionarios de prisiones. Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que se haya investigado a dichos funcionarios ni se los haya hecho rendir cuentas de su participación en los abusos denunciados.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se dijo preocupada por la escalada de violencia contra la prensa en Reynosa, Tamaulipas, México, y condenó enérgicamente los ocho secuestros, cinco desapariciones y el posible asesinato de Jorge Rábago Valdez, periodista de las emisoras Radio Rey y Reporteros en la Red, y el diario La Prensa, fallecido el 2 de marzo, en circunstancias que aun no han sido aclaradas. La SIP, preocupadísima. rrb@ed-ami.com