(AMI)

E

l rechazo a ley Lozano y la exigencia de suplir al burócrata que le da su nombre, con un ciudadano más interesado en servir a México que a los empresarios, con el rechazo del mundo al neoliberalismo, unificó el reclamo de los trabajadores el 1º de mayo, mientras activistas de los migrantes en México y EU demandaron a Felipe Calderón no quedarse sólo en las declaraciones y actuar de manera decidida contra la ley SB 1070 de Arizona; preocupados y con manifiesta adhesión en más de un caso, legisladores de diverso signo político comentaron la inconformidad militar ante la vulnerabilidad de su fuero, al grado de que un priísta advirtió: “no se puede poner de rodillas al ejército, porque no es enemigo del pueblo ni de la sociedad”. Pero la sociedad civil, donde ya queda muy poco qué perder, opina diferente.

Ricardo Nájera, vocero de la procuraduría federal, anunció este domingo la creación de un grupo multidisciplinario que investigará los enfrentamientos civiles con dependencias federales en la llamada guerra contra el hampa; admitió que durante la invasión del tecnológico de Monterrey el 19 de marzo por soldados y delincuentes, “cuando menos en el caso de Jorge Antonio Mercado Alonso, uno de los impactos corresponde al calibre utilizado por la delincuencia organizada” si bien “falleció a consecuencia de los disparos hechos desde diferentes distancias durante el enfrentamiento” la procuraduría militar, puntualizó Nájera, será informada de los resultados de la investigación para deslindar la responsabilidad respectiva.

Respecto al asesinato de los niños Bryan y Martín Almanza Salazar el 3 de abril pasado en un retén del ejército en Ciudad Mier, que procurador militar José Luis Chávez García atribuyó a delincuentes, Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, CDHNL, reiteró que como han dicho los padres de las víctimas, los homicidas fueron militares y no civiles armados. “Ante la evidencia de que la procuraduría militar actuará de manera parcial y que no garantiza la correcta aplicación de la justicia, solicitamos al presidente de la República, Felipe Calderón, la renuncia inmediata del procurador José Luis Chávez García, y al gobierno de Tamaulipas, de (el procurador) Jaime Rodríguez Inunigarro, por prestarse a esta farsa” El escrito donde se denuncia lo anterior, llama a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a ONG de México e internacionales, a aplicar los mecanismos de protección, auxilio y medidas cautelares para garantizar la seguridad de los sobrevivientes de este atentado del Ejército, incluyendo al personal del CDHNL.

En el primero de los casos referidos, donde la parte agredida no es un simple ciudadano sino una empresa educativa de consolidado prestigio plenamente identificada con los adinerados de este país, el secretario de Gobernación se tomó el trabajo de llamar, una hora antes de la transmisión con que la burocracia judicial pretendió desplazar a segundo término la reseña de las manifestaciones obreras propias del primero de mayo, a la madre de una de las víctimas para informarle de lo que iba a ocurrir y de que la pieza de propaganda en cuestióncontenía “imágenes duras” para las cuales le recomendó autocondicionamniento psicológico. Y en un escenario donde, en lo que va de 2010, la secretaría del ramo ha contabilizado 151 ataques a personal del ejército, más de una por día, asoma la que ya parece consustanciall incongruencia de Carlos Fuentes: “Creo que lo mejor es traer fuerzas especiales de Francia, Israel y de algunos países de Europa del este que tienen experiencia en trabajos duros (…) es la única solución inmediata para acabar” con el narcotráfico. Declaración de que más vale no comentar y sí abordar temas serios, como el pronunciamiento del Centro de Reflexión y Acción Laboral proyecto obrero de Fomento Cultural y Educativo a propósito, CEREAL AC, respecto al del 1º de mayo, algunos de cuyos puntos esenciales aquí se reproducen:

Para las mayorías trabajadoras del país, el mejor tributo al aniversario de las gestas heroicas de la Independencia (1810) y la Revolución (1910), no sería sino mejorar sustancialmente sus condiciones de vida, trabajo y organización… las condiciones de trabajo prevalecientes en ambos períodos, se sumaron a las aspiraciones sociales que inspiraron, por ejemplo, la abolición de la esclavitud y la necesidad de incorporar al cuerpo legal de la nación, derechos básicos como el disfrute de un salario mínimo, poder organizarse en sindicatos sin que fuera un delito o estallar una huelga sin que uno parara en una mazmorra como consecuencia de ello. Si el bullicio de la celebración, omite esta tarea urgente y patriótica, le estará dando la espalda a esta lección histórica, mientras contempla fascinada los juegos pirotécnicos de la fiesta nacional.

El clamor por el respeto a los derechos humanos laborales históricamente conquistados, no obedece sino al ensañamiento y profundización de una violencia laboral de Estado. No puede sino llamarse así, categorizarse así, al deterioro imparable del derecho a una vida digna. No puede sino analizarse así, la progresiva obstaculización y negación de legítimas aspiraciones de millones de mexicanos y mexicanas. Es verdadera violencia, violencia institucionalizada, estructural, promovida desde el Estado, la multiplicación de la frustración que campea en los mundos del trabajo en México, agravada por la positiva intervención de la autoridad, al tomar partido o ser el artífice de graves violaciones a los derechos de mineros y electricistas, entre otros, o al seguir siendo negligente y omiso ante nuevas muertes de trabajadores en las minas de carbón.. La autoridad laboral ha pervertido su papel de integradora en la conflictividad social y se ha convertido en quien excluye, sataniza o manipula recursos públicos para señalar las luchas de los trabajadores como luchas por la entronización de privilegios y no como lo que son, la defensa de legítimos derechos.

Ha llegado la hora en que el desarrollo productivo del país, descanse en las capacidades potenciadas y dignamente remuneradas de los trabajadores y no en la sobrecarga de sus espaldas, en que la macroeconomía tenga como dinamizador la inteligente multiplicación de las capacidades productivas del país y no el abaratamiento de la mano de obra o la especulación. Mientras tanto, nos pronunciamos en la coyuntura, por las medidas urgentes de un incremento salarial de emergencia y la implementación de un seguro contra el desempleo.

Es verdad. Insistir en olvidar que el único factor de la producción imprescindible es el trabajo, no es sino acelerar el paso hacia el abismo. rrb@red-ami.com