E

l ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío Diaz, no pudo ser mas concreto con el gobernador de Jalisco Emilio González Márquez, al advertirle que si no cumple con lo dispuesto por la federación de que se otorgue a la mujer la pastilla de emergencia para evitar embarazos no deseados, que no abortiva, puede perder el cargo, y por supuesto ir a la cárcel.

De once, diez ministros apoyaron la resolución de Cossío Diaz que le da a la mujer el derecho de ingerir la píldora cuando sea víctima de violación. Advierte en su sentencia inamovible que es una cuestión de salubridad general a la que están obligadas acatar todas las instituciones del sector salud, públicas y privadas, municipales, estatales y federales.

Así, a secas: Dejar que la fémina decida bajo su libre albedrío.

Solo uno, el jalisciense Sergio Salvador Aguirre Anguiano, en apoyo de su gobernador se opuso a proteger el derecho de las mujeres. Dada a conocer la resolución de la Suprema Corte, el mandatario de Jalisco insistió que en la entidad que gobierna no se daría la píldora,” porque no hay mayor ley que la que determina la Constitución del estado”. Craso error, porque la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos está por encima de cualquier ordenamiento local o federal.

No tardó mucho por la respuesta. Con el vigor que siempre lo ha caracterizado, con su hombría de bien, el ministro Cossío Diaz reiteró que a Emilio González Márquez, no le queda otra que cumplir y hacer cumplir la Norma Oficial Mexicana sobre violencia familiar.

“De lo contrario, podría ser removido de su cargo”. Fue más allá el funcionario federal, al advertir que si viola el fallo, vaya incurriera en desacato a la sentencia “puede ser incluso sometido a un proceso penal, por la comisión de un delito contra la administración de justicia”.

Hacía mucho tiempo que una autoridad no declaraba públicamente contra un funcionario adverso a las leyes. Pero mas satisfactorio aún que haya sido desde el máximo templo de justicia del país esta admonición, que no deja lugar a dudas de la verticalidad de quién administra la justicia en México.

Deja en claro, sin regateos, que lo más grave que contempla nuestra Carta Magna como sanción es el desacato a una sentencia de la Corte.

Falta ver si el mandatario Emilio González Márquez se obstina en desafiar a la máxima autoridad de la República Mexicana, que no es el presidente de la República, sino la Corte que vigila, como Poder Judicial, que hasta el mismo jefe del Poder Ejecutivo cumpla con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Y también si en efecto la Suprema Corte tomaría la resolución correspondiente si falla el rebelde gobernante de Jalisco.

Pero suceda o no, reconozco el valor de este joven ministro José Ramón Cossío Diaz al externar su pensamiento libertario para quien amenaza como González Márquez, vulnerar las leyes de México. Ya era necesario.

carlosravelogalindo@yahoo.com.mx